Pesca ilegal: Argentina refuerza su control marítimo


Argentina avanza en el fortalecimiento del control de su espacio marítimo con un protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida, que ya se encuentra en vigencia, apunta a proteger los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), considerada una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.

La normativa fue implementada mediante la Disposición N° 20/2026, impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. El eje central del nuevo esquema consiste en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real, permitiendo una supervisión más efectiva de la actividad pesquera en la ZEEA.

Presunciones legales de pesca ilegal

Entre los cambios más significativos, la disposición establece presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ahora, se considerará que una embarcación está realizando pesca si navega a menos de 6 nudos y ejecuta maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aunque no se detecte el arte de pesca de manera directa.

El protocolo pone especial énfasis en los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies más demandadas y sometidas a presión extractiva. En estos casos, la presunción de ilegalidad se activará si la nave se desplaza a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, cerrando así los vacíos que dificultaban los controles tradicionales.

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Monitoreo tecnológico y sanciones

El seguimiento de las embarcaciones se realizará mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integra información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Estos elementos podrán utilizarse como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control estatal en un área extensa y de difícil supervisión presencial.

Más allá del enfoque sancionatorio, el protocolo incorpora garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones podrán presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que justifiquen los movimientos registrados. Esta medida busca equilibrar firmeza en el control de la pesca ilegal con reglas claras y previsibilidad jurídica.

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Principio Precautorio y protección ambiental

La iniciativa se enmarca en el Principio Precautorio, que obliga a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun sin certeza científica absoluta. Este criterio cobra especial relevancia ante la creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y la expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.

Con la implementación de este protocolo, Argentina envía una señal política y operativa de mayor control y defensa de sus recursos naturales. La reducción de zonas grises en la fiscalización y el uso de tecnología verificable buscan desalentar la pesca ilegal, que genera competencia desleal, pérdida de divisas y deterioro ambiental.

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Sostenibilidad y soberanía económica

En un contexto global donde la pesca ilegal continúa en aumento, el fortalecimiento del control marítimo se consolida como una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad productiva y la soberanía económica del país a largo plazo. La combinación de medidas preventivas, monitoreo tecnológico y reglas claras para las embarcaciones representa un paso firme de Argentina para proteger uno de sus recursos estratégicos más valiosos: el mar y su biodiversidad.

La medida también permitirá a las autoridades planificar estrategias de conservación y explotación responsable, promoviendo una actividad pesquera que respete tanto los límites legales como los ecosistemas marinos, sentando un precedente en América Latina en materia de control marítimo y defensa de la soberanía nacional.