El Gobierno vuelve a intervenir OSPRERA por 180 días y designa un nuevo interventor
El Gobierno nacional dispuso una nueva intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) por el plazo de 180 días, en el marco de un escenario judicial y administrativo que mantiene en tensión a la entidad. La medida quedó formalizada a través del Decreto 127/2026, publicado este 4 de marzo en el Boletín Oficial, y lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Iván Lugones.
La decisión sobre OSPRERA se produce luego de que la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocara la restitución de las autoridades del directorio, que había sido autorizada en enero en el marco de la causa “VOYTENCO, José y otros s/Lavado de activos”. El tribunal entendió que no se habían disipado los riesgos procesales ni las razones que motivaron las medidas cautelares, por lo que dejó sin efecto el regreso de los directivos suspendidos y reabrió el escenario de intervención estatal.
Nuevo interventor y control reforzado
El decreto designa como interventor de OSPRERA al doctor César Augusto Lococo, quien ya venía desempeñándose como administrador provisorio tras haber sido nombrado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Con la nueva disposición, asumirá formalmente la conducción de la obra social y contará con las facultades de administración y ejecución previstas para el Consejo Directivo en el estatuto de la entidad.
La intervención de OSPRERA tendrá una duración inicial de 180 días, aunque el Ministerio de Salud podrá prorrogarla si considera que aún no se completó el proceso de normalización. Además, el interventor deberá presentar informes mensuales detallados sobre la evolución institucional, administrativa y prestacional, lo que implica un seguimiento más estricto por parte del organismo de control en un contexto de alta sensibilidad financiera.
Antecedentes de deterioro institucional
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo señaló que OSPRERA arrastra un “grave deterioro institucional, económico-financiero y prestacional”, con elevados niveles de endeudamiento y conflictividad judicial que afectan su funcionamiento. La obra social, que brinda cobertura a trabajadores rurales y estibadores de todo el país, ya había sido intervenida en 2024 por un plazo similar mediante el Decreto 720/24.
En aquella oportunidad, la conducción de OSPRERA quedó en manos de la doctora Virginia Montero y posteriormente del doctor Marcelo Carlos Petroni. Sin embargo, el plazo de esa intervención —que había sido prorrogado por resolución ministerial en 2025— se encontraba vencido. La nueva decisión oficial marca así una continuidad en el proceso de control estatal, ante la persistencia de problemas estructurales.
La continuidad de un servicio esencial
Desde el Gobierno subrayaron que la cobertura médico-asistencial que brindan los agentes del Seguro de Salud constituye un servicio esencial vinculado al derecho a la salud reconocido por la Constitución Nacional. Bajo esa premisa, la intervención fue presentada como una medida “proporcionada y temporal”, destinada a garantizar la regularidad de las prestaciones para los afiliados.
La prioridad oficial es asegurar que los servicios médicos, farmacéuticos y asistenciales no se vean interrumpidos en medio del conflicto judicial y del desorden administrativo. En ese sentido, el decreto enfatiza que la continuidad de las prestaciones es un objetivo central y que cualquier proceso de reordenamiento institucional debe preservar la atención de los beneficiarios.
Nueva etapa en el proceso de normalización
La entrada en vigencia del decreto este miércoles abre una nueva etapa en el proceso de reestructuración de una de las obras sociales sindicales más grandes del país. La combinación de causas judiciales abiertas, dificultades financieras y cambios en la conducción configura un escenario delicado que requerirá definiciones en los próximos meses.
Con la designación de un nuevo interventor y el plazo de 180 días por delante, el Gobierno apuesta a reencauzar la situación administrativa y financiera de OSPRERA y restablecer condiciones de estabilidad institucional. El desafío será equilibrar el saneamiento interno con la garantía de prestaciones para miles de afiliados que dependen de la obra social en todo el territorio nacional.
