Semillas en disputa: la adhesión a UPOV 91 genera controversias
La discusión sobre el marco normativo para la comercialización de semillas en Argentina promete ser uno de los ejes más intensos de 2026, en un escenario donde el Gobierno busca actualizar una ley que rige desde mediados de los años ’70. La cuestión recobró fuerza tras el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos, que incluye la obligación de adherir al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.
El tema escaló aún más cuando el presidente Javier Milei colocó a las semillas como pieza clave de la “revolución” productiva del agro, con el objetivo de alcanzar las 300 millones de toneladas de granos. En su discurso ante el Congreso, remarcó la necesidad de establecer un régimen de propiedad que proteja a los innovadores, abriendo formalmente un debate que vuelve a dividir posiciones históricas.
Resistencias del ruralismo y el foco en el “uso propio”
Desde el ámbito rural, las primeras reacciones no tardaron en llegar. La Federación Agraria Argentina y Carbap manifestaron su respaldo a una actualización de la ley, pero rechazaron de plano la adhesión a UPOV 91. El principal argumento gira en torno a la posible restricción del “uso propio”, práctica mediante la cual el productor guarda y reutiliza la semilla adquirida.
Las entidades sostienen que el acta de 1991 ampliaría los derechos de los obtentores en detrimento de los productores. Además, consideran que no es imprescindible adoptar ese estándar para mejorar la oferta genética de las semillas, señalando como ejemplos a Brasil y Paraguay, que permanecen bajo UPOV 78 y han incrementado su productividad agrícola en los últimos años.
La postura de los semilleros: “Un paso decisivo”
En medio de la controversia, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) salió con una postura contundente. El sector celebró la decisión oficial de priorizar la modernización del régimen de propiedad intelectual vegetal, al considerar que la falta de actualización normativa ha erosionado la competitividad del agro.
Según ASA, la adhesión a UPOV 91 es clave para revertir décadas de atraso regulatorio y generar reglas claras que acompañen el desarrollo tecnológico. En esa línea, coincidieron con el Presidente cuando citó el caso del algodón, donde los rindes locales en algunas regiones distan de los obtenidos en Brasil, pese a la calidad del desarrollo genético argentino.
Para la entidad, la protección efectiva de la innovación a través de las semillas es central. “Si no adherimos a UPOV 91, seguimos castigando a quienes invierten y apostando al atraso”, señalaron, al remarcar que sin incentivos adecuados la investigación y el mejoramiento vegetal pierden dinamismo.
Seguridad jurídica y estándar internacional
Desde ASA subrayaron que el Acta 1991 ya fue adoptada por 63 países y representa el estándar internacional vigente en materia de protección de obtenciones vegetales. Argentina, en cambio, continúa bajo el esquema de 1978, lo que —según el sector— la coloca en desventaja frente a competidores directos.
La entidad también destacó que la actualización incorporaría el concepto de variedades esencialmente derivadas y fortalecería los derechos del obtentor, brindando mayor previsibilidad a toda la cadena de semillas. Al mismo tiempo, sostienen que el Estado conserva herramientas para regular el uso propio de manera equilibrada, evitando abusos pero garantizando sostenibilidad.
Para los semilleros, el cambio normativo no solo impactaría en la producción primaria, sino que crearía condiciones para que empresas, pymes y centros de investigación desarrollen nuevas variedades de semillas en el país, evitando la fuga de talento e inversiones hacia jurisdicciones con marcos regulatorios más atractivos.
El espejo de Vaca Muerta y la apuesta al desarrollo
En su mensaje, ASA retomó el paralelismo trazado por Milei con sectores como Vaca Muerta y la minería. El argumento es que con reglas claras y estabilidad jurídica la inversión fluye y se generan saltos productivos significativos. Bajo esa lógica, el agro podría replicar un proceso similar en las semillas si cuenta con un esquema moderno de protección intelectual.
Finalmente, la Asociación reafirmó su disposición a trabajar junto al Gobierno y el Congreso para avanzar en la reforma. “Es el momento de tomar decisiones estructurales que consoliden la inserción de Argentina en el comercio global”, señalaron, convencidos de que la actualización normativa puede traducirse en más producción, empleo y competitividad para toda la cadena agroindustrial.
