Productores de Necochea van a la Justicia para exigir transparencia en el uso de la tasa vial
Un grupo de alrededor de 50 productores agropecuarios del partido bonaerense de Necochea decidió avanzar en la Justicia contra el municipio para exigir información sobre el destino de los fondos recaudados a través de la tasa de red vial rural. La presentación se realizará mediante un amparo colectivo por acceso a la información pública, luego de que —según indicaron— se vencieran los plazos administrativos sin recibir respuestas oficiales.
La estrategia judicial no apunta en esta etapa a discutir el monto del tributo, sino a obligar al municipio a informar cuánto dinero se recauda y cómo se utiliza. El planteo se inscribe en una serie de reclamos similares que ya comenzaron a multiplicarse en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.
Una estrategia judicial que ya se aplicó en otros distritos
El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, representante legal de los productores, explicó que el caso de Necochea se suma a una serie de acciones judiciales iniciadas en otros municipios bonaerenses. “Necochea se suma a municipios como Henderson, Baradero, Azul y General Alvarado”, señaló a La Nación al describir el alcance de la estrategia.
Según explicó el letrado, cuestionar directamente el valor de las tasas suele ser complejo en la Justicia. “Es muy difícil que un juez falle a favor de bajar una tasa porque nadie quiere desfinanciar un municipio”, sostuvo.
Por ese motivo, los productores decidieron avanzar con otro mecanismo legal. “Elegimos una herramienta republicana como el acceso a la información pública, para que el municipio explique cuánto recauda por la tasa de caminos rurales y en qué lo gasta”, indicó.
El amparo colectivo y el pedido de información
El procedimiento comienza con un reclamo administrativo ante el municipio. Si en 30 días no hay respuesta, la legislación de la provincia de Buenos Aires habilita a presentar un amparo judicial.
En el caso de Necochea, ese plazo ya se cumplió. “Pasaron los 30 días sin respuesta, por lo que ahora avanzamos con el amparo”, explicó Torres Barthe.
El abogado destacó que esta vía judicial ya tuvo resultados positivos en otros distritos. “En Henderson tenemos sentencia firme y en Baradero ya obtuvimos un fallo favorable en primera instancia”, afirmó. El objetivo inicial es obtener datos oficiales que permitan determinar si la recaudación coincide con el gasto destinado a la red vial rural.
Caminos en mal estado y fuertes cuestionamientos
Mientras avanza la presentación judicial, productores de Necochea advierten sobre el deterioro de los caminos rurales del distrito. Gustavo Redolatti, productor de la zona, explicó que el partido de Necochea cuenta con unos 1400 kilómetros de caminos rurales, de los cuales cerca de 400 son provinciales.
Según señaló, el mantenimiento resulta insuficiente. “Los caminos rurales están en mal estado porque no llegan con las máquinas”, afirmó. Actualmente, indicó, el municipio cuenta con entre cuatro y cinco equipos operativos, muchos de ellos con frecuentes problemas mecánicos.
El valor de la tasa también es motivo de conflicto. Según los productores, se pagan alrededor de $1500 por hectárea por mes, lo que equivale a unos $18.000 por hectárea al año, aunque parte de ese monto se destina a otras áreas como el sistema de salud.
En ese contexto, Redolatti dejó una definición contundente sobre la percepción que existe en el sector: “En Necochea a la tasa vial la llamamos ‘pozo negro’ porque no sabemos adónde va la plata”.
La respuesta del municipio
Consultado sobre la situación por La Nación, el intendente Arturo Rojas aseguró no haber sido notificado todavía del amparo colectivo. Sin embargo, defendió el sistema de información pública del municipio.
“Todos los datos están publicados en la página de la municipalidad. Tenemos transparencia total en la información, desde sueldos de funcionarios hasta rendiciones de cuentas y cantidad de empleados por área”, afirmó.
Mientras se espera la presentación formal del amparo, la iniciativa de los productores podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia y el financiamiento de los caminos rurales en la provincia de Buenos Aires, un tema que ya comienza a replicarse en distintos distritos del interior productivo.
