Diputados avanza con la derogación del decreto de importación de maquinaria usada
En medio de un clima político intenso, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Comercio de la Cámara de Diputados emitieron dictamen de mayoría para derogar el Decreto 273/25, que habilita la importación irrestricta de maquinaria usada. La medida, que había sido defendida por el Gobierno como parte del proceso de desregulación económica, generó fuertes cuestionamientos de la oposición, de empresarios del sector y de los gremios industriales, que advirtieron sobre el impacto en la producción nacional y en el empleo.
El dictamen obtuvo 27 firmas a favor, mientras que se presentaron dos dictámenes de minoría: uno de rechazo, con 19 firmas, y otro con 3 adhesiones. El proyecto de derogación (Expediente 5216-D-2025) busca restablecer el régimen anterior, que exigía la obtención del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y otros controles técnicos previos antes de permitir el ingreso de maquinaria al país.
Los argumentos del Gobierno: desburocratizar e incentivar la inversión
Durante el debate, el secretario de Coordinación y Producción del Ministerio de Economía, Pablo Agustín Lavigne, defendió la medida al sostener que busca facilitar la renovación del parque de maquinaria en un contexto de falta de financiamiento local. “El ingreso de equipos usados puede mejorar la productividad y reducir costos en sectores que necesitan reactivar inversiones”, explicó.
En la misma línea, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación Económica, argumentó que el decreto fue dictado dentro de las facultades del Código Aduanero y tiene como fin “liberar trabas burocráticas”.
El diputado Santiago Pauli (La Libertad Avanza) sumó que los controles “no desaparecen, sino que pasan a ser posteriores” y que la eliminación del CIBU “reduce burocracia y promueve la competitividade industrial”.
Críticas opositoras y advertencias de la industria
Del otro lado, el impulsor del proyecto de derogación, Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria), cuestionó duramente la medida y advirtió sobre “una apertura sin límites que amenaza miles de puestos de trabajo”. Según el legislador, la eliminación de los controles previos “debilita la industria nacional y expone al país a una competencia desigual con maquinaria obsoleta proveniente del exterior”.
Desde el ámbito sindical, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, fue categórico: “Con esta medida se desprotege al sector de maquinaria agrícola, uno de los más integrados del país y con mayor generación de empleo calificado”.
También hubo voces de alarma desde el empresariado. El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Hernán Zubeldía, recordó que políticas similares implementadas en los años 80 y 90 “provocaron el cierre de numerosas fábricas nacionales”. Y advirtió: “Estamos frente a un escenario que puede repetir aquella historia si no se restablecen los controles previos”.
Por su parte, Federico Zerboni, presidente de MAIZAR, planteó la necesidad de un equilibrio entre renovación tecnológica en maquinaria y protección de la industria local. “El desafío es renovar sin destruir. Debemos cuidar a los fabricantes y también a los productores que necesitan equipamiento accesible”, expresó.
El debate que se viene
El dictamen de mayoría será tratado en el recinto durante las próximas sesiones. Si obtiene aprobación, implicará la derogación total del Decreto 273/25 y la restitución del sistema previo de importaciones de maquinaria usada, con el CIBU como requisito obligatorio.
La discusión se inscribe en una agenda legislativa recargada, que incluye la aprobación del Presupuesto 2026 y el seguimiento de la política de desregulación económica impulsada por el Ejecutivo.
Para los sectores industriales y gremiales, la votación será una prueba clave sobre el rumbo de la política productiva nacional en términos de maquinaria. “No se trata solo de máquinas, sino del modelo de país que queremos”, sintetizó uno de los expositores al cierre del plenario.
Con el debate abierto entre apertura y protección, el Congreso se prepara para una sesión que promete marcar otro capítulo decisivo en la disputa por el futuro de la industria argentina.
