Polémica por la Ley de Suelos: productores alertan sobre restricciones a la propiedad privada
La presentación de un proyecto de Ley de Suelos por parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires (CIAFBA) generó un fuerte rechazo en el sector productivo. La medida, que busca regular el uso del suelo y la conservación de los recursos naturales, fue criticada por organizaciones rurales y legisladores por considerar que limita la autonomía de los productores y aumenta la burocracia.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su oposición al proyecto: “Esto avanza sobre la propiedad privada de los productores, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”. Según los críticos, la Ley de Suelos podría convertirse en un instrumento de intervención estatal excesiva sobre tierras privadas.
Las críticas de legisladores y productores
Luciano Bugallo, diputado de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que el proyecto de la Ley de Suelos, aunque suene positivo en su planteo, podría volverse una herramienta de persecución y control en manos equivocadas. “Además de violar derechos de propiedad, genera gasto público y más burocracia”, advirtió.
Bugallo puntualizó varios aspectos de la Ley de Suelos que preocupan al sector:
- La ley declara que la protección del suelo y del agua es de interés público, lo que otorga al Estado un poder superior sobre la tierra privada, desplazando el derecho de propiedad.
- Cualquier decisión del productor podría ser intervenida, fiscalizada o directamente prohibida por la autoridad de aplicación.
- Se establece la obligación de colaborar para todos los privados, imponiendo prácticas obligatorias de conservación, limitando la libertad de manejo del suelo.
- Los planes de uso y manejo solo pueden ser firmados por Ingenieros Agrónomos matriculados en CIAFBA, lo que convierte a los productores en dependientes de una corporación que cobra honorarios obligatorios.
“El productor pierde autonomía y queda sujeto a un sistema de premios y castigos estatal, donde solo obtiene beneficios fiscales si obedece las directivas del gobierno”, señaló Bugallo, resaltando que el esquema puede ser usado como herramienta de clientelismo regulatorio.
Riesgos para la innovación y la inversión
Los opositores advierten que la Ley de Suelos no fomenta la innovación ni la inversión, sino que promueve un modelo intervencionista y corporativista. Según Bugallo, la norma podría convertirse en un mecanismo de persecución política y económica contra el campo, afectando la capacidad de los productores para decidir sobre su tierra y sus proyectos productivos.
En este contexto, CARBAP y otros actores del sector plantean la necesidad de equilibrar la conservación del suelo con la protección de la propiedad privada, evitando la imposición de regulaciones que generen conflictos legales y económicos.
Presentación en la legislatura
El proyecto de la Ley de Suelos fue presentado por CIAFBA ante la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense, acompañado de un comunicado oficial en el que la institución defiende la medida como un instrumento para el uso sustentable del suelo y la protección ambiental.
Sin embargo, la recepción entre los productores y legisladores críticos fue de alarma y rechazo, debido a la interpretación de que la norma podría otorgar un poder desmedido sobre tierras privadas a organismos públicos y profesionales matriculados.
El debate sobre la Ley de Suelos refleja un conflicto más amplio en torno a la propiedad privada y la intervención estatal en el sector agropecuario. Mientras que los impulsores de la ley destacan la importancia de cuidar los recursos naturales, los críticos consideran que la normativa amenaza la libertad productiva y puede generar un aumento de la burocracia sin garantizar resultados concretos en la conservación del suelo.
La polémica continúa y el proyecto de ley genera un intenso debate en la provincia de Buenos Aires, donde propietarios de campos, legisladores y expertos analizan las implicancias de una norma que busca proteger los recursos naturales, pero que, según sus críticos, podría afectar gravemente la propiedad privada y la libertad de producción.
