Ley de semillas: avances técnicos y diferencias en debate


El Gobierno y las entidades del campo avanzaron en la discusión por una nueva ley de semillas, en un proceso que muestra progresos en lo técnico pero mantiene diferencias de fondo. En una reunión clave, funcionarios de la Secretaría de Agricultura y dirigentes de la Mesa de Enlace coincidieron en la necesidad de consensuar el proyecto antes de su envío al Congreso, en lo que definieron como un “proceso de acercamiento”.

El encuentro se realizó tras casi un mes del primer intercambio formal y marcó un cambio en la dinámica de trabajo. Por primera vez, se analizó en detalle la propuesta presentada por las entidades rurales, con la participación de técnicos y referentes del sector. Estuvieron presentes autoridades nacionales y representantes de las principales organizaciones agropecuarias.

Un debate técnico con eje en el consenso

Desde el sector productivo valoraron la apertura al diálogo. Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, sintetizó el clima del encuentro: “Estamos en un proceso de acercamiento”, aunque reconoció que aún persisten diferencias en temas sensibles.

Uno de los avances más importantes fue el compromiso oficial de que el proyecto de ley de semillas que se envíe al Congreso será consensuado con la Mesa de Enlace. Este punto es clave para el agro, que busca previsibilidad y reglas claras para el largo plazo. Sin embargo, el dirigente advirtió que el proceso recién comienza y que el debate será extenso. “Todavía estamos lejos del final”, señaló.

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El rol pendiente de la industria

Uno de los principales reclamos de las entidades es la incorporación activa de la industria semillera en la mesa de trabajo. Los obtentores, representados por la Asociación de Semilleros Argentinos, aún no participaron plenamente del debate sobre la futura ley de semillas, lo que genera preocupación en el sector productivo.

Para los ruralistas, la discusión debe incluir a todos los actores involucrados para lograr un equilibrio. Desde el Gobierno, en tanto, aseguraron que están recibiendo aportes de todas las partes y que el objetivo es avanzar hacia una solución consensuada.

Uso propio, el eje del conflicto

Uno de los puntos más sensibles es el uso propio de semillas, una práctica histórica que permite a los productores reutilizar parte de su cosecha. Las entidades defienden su continuidad, aunque con ciertos límites para ordenar el sistema.

Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, explicó que la propuesta de ley de semillas contempla mantener el uso propio gratuito hasta las 500 hectáreas. A partir de ese nivel, se plantea un esquema de pago con reglas claras y límites en la multiplicación de semillas.

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Foto: INTA

El desafío es encontrar un equilibrio entre los derechos de los productores y los de los obtentores, que reclaman mayor protección de la propiedad intelectual.

El trasfondo de Upov-91

El debate de la ley de semillas se da en paralelo a la posibilidad de que la Argentina avance hacia la adhesión al convenio Upov-91, un régimen que amplía los derechos de los obtentores. Esta iniciativa genera resistencia en el sector productivo, que teme restricciones al uso propio y un aumento de costos.

Actualmente, el país se rige por un sistema más flexible que permite la reutilización de semillas sin mayores limitaciones. Un cambio en este esquema podría modificar de manera significativa el funcionamiento del sistema agrícola, advierten los productores. Castagnani reconoció que, en principio, no hay acuerdo con avanzar hacia ese modelo, aunque dejó abierta la puerta al diálogo.

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Hacia una ley de semillas de largo plazo

Más allá de las diferencias, existe consenso en la necesidad de actualizar la legislación vigente, que data de 1973. El objetivo es construir una ley de semillas moderna que brinde previsibilidad, promueva la innovación y contemple las necesidades de todos los actores.

En este sentido, también se planteó la importancia de fortalecer el rol del Estado en la fiscalización. El control aparece como un factor clave para garantizar el cumplimiento de la futura normativa.

Desde Coninagro destacaron que el encuentro permitió avanzar en temas centrales y acordar una agenda de trabajo para los próximos días. El proceso recién comienza, pero el consenso será determinante para lograr una ley que perdure y acompañe el desarrollo del agro argentino.