Ley de Semillas: la Argentina enfrenta un debate clave para su futuro agrícola
La posible adhesión de Argentina al acta UPOV-91, de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, volvió a colocar la Ley de Semillas en el centro del debate sectorial, en un contexto de creciente presión internacional para actualizar los marcos regulatorios. El tema se discutió recientemente durante el Brindis de Fin de Año de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en diálogo con Revista Chacra, donde autoridades del sector plantearon los desafíos y oportunidades que implica la actualización normativa.
Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), recordó que Argentina ya forma parte de la UPOV, pero bajo un acta anterior y más flexible. En este sentido, señaló: “Cuando el gobierno propuso en la ley bases, la adhesión al acto del UPOV-91, desde la industria fuimos claros y dijimos es un salto cualitativo… Esto vuelve ahora de la mano del acuerdo con Estados Unidos”. Para Paseyro, esta situación requiere necesariamente la adecuación de la normativa nacional, lo que pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de modernizar el marco legal que rige la propiedad intelectual sobre semillas.
La importancia de una actualización gradual
El directivo de ASA enfatizó que cualquier actualización de la Ley 20.247, vigente desde la década de 1970, no puede ser un cambio brusco, ya que convive con un ecosistema productivo y tecnológico completamente transformado. Paseyro explicó: “El productor es nuestro cliente, es el que nos requiere que sigamos invirtiendo e innovando, y ahí estamos, con grandes expectativas“.
Al mismo tiempo, subrayó que cualquier reforma sobre la Ley de Semillas debe considerar factores como cargas impositivas, costos internos y condiciones de competitividad frente al mercado internacional. Según el directivo, el proceso debe ser gradual: “Esto va a ser positivo, va a tener una adecuación y un gradualismo, porque también la competitividad del productor, de la mano de los derechos, de exportación y demás, nos hace distintos al resto del mundo”. Este gradualismo es clave para garantizar que la transición hacia un nuevo esquema de propiedad intelectual no genere tensiones en la base productiva.
Incentivos a la investigación y acceso a tecnologías
Para ASA, el equilibrio ideal en la actualización de la Ley de Semillas debe combinar incentivos a la investigación con mecanismos accesibles para que los productores adopten tecnologías sin comprometer su rentabilidad. Paseyro destacó que la industria semillera está avanzando rápidamente en herramientas como trazabilidad digital, marcadores moleculares, inteligencia artificial aplicada a calidad y clasificación, y monitoreo de variedades en semilla y grano.
“La regulación debe ser capaz de acompañar esa evolución sin frenarla, y permitir que el país mantenga estándares de competitividad acordes al escenario global”, afirmó el director ejecutivo. Cada negocio y producción tiene particularidades distintas, y la normativa debe ofrecer un marco que respete esas diferencias y potencie el desarrollo tecnológico del sector.
Desafíos y perspectivas para 2026
Durante el cierre anual de ASA, junto a funcionarios nacionales, organismos técnicos y representantes internacionales, se destacaron avances normativos que fortalecen a la industria, así como los desafíos que se proyectan para 2026. Entre ellos, Paseyro mencionó la modernización regulatoria, la adopción de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de Siembra Evolución, una herramienta destinada a capturar valor y promover inversiones en el sector.
El director ejecutivo se mostró optimista respecto a que Argentina pueda converger hacia un sistema más transparente, moderno y atractivo para la inversión, siempre que el proceso contemple una mirada integral y plazos razonables. El objetivo es construir una Ley de Semillas a la altura de la tecnología disponible y de los desafíos productivos que enfrentará el país en los próximos años, fomentando tanto la innovación como la competitividad de los productores argentinos.
En definitiva, el debate sobre la adhesión al acta UPOV-91 y la actualización de la Ley de Semillas no es solo un tema normativo: representa una oportunidad para alinear la legislación con la evolución tecnológica del sector, garantizar la protección de los derechos de los semilleros y mantener la competitividad de la agricultura argentina a nivel global.
