Entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal: qué cambia en la relación entre el fisco y los contribuyentes
Desde este viernes comenzó a regir en todo el país la Ley de Inocencia Fiscal, una norma que introduce cambios de fondo en el sistema tributario argentino. Con su publicación en el Boletín Oficial, la nueva legislación modifica criterios de control, eleva montos para sanciones penales y administrativas y crea herramientas orientadas a simplificar trámites y otorgar mayor seguridad jurídica a quienes cumplen con sus obligaciones impositivas.
La Ley de Inocencia Fiscal fue sancionada por el Congreso el pasado 26 de diciembre y tiene aplicación inmediata, aunque todavía restan reglamentaciones clave por parte del Poder Ejecutivo y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Mientras tanto, especialistas, bancos y contribuyentes analizan el impacto concreto de un marco que promete cambiar la lógica de fiscalización vigente hasta ahora.
Qué cambia para los contribuyentes
Uno de los pilares de la norma de Inocencia Fiscal es la actualización de los montos que definen cuándo existe delito penal tributario. Desde ahora, la evasión simple solo será punible a partir de los $100 millones, mientras que la evasión agravada se configura recién desde los $1.000 millones. Este cambio eleva significativamente los umbrales anteriores y reduce la posibilidad de que situaciones menores deriven en causas penales.
En paralelo, la ley incrementa los mínimos para multas y sanciones administrativas, con valores que oscilan entre $6 millones y $67,5 millones, según el tipo de infracción. El objetivo declarado es enfocar los recursos del Estado en casos de mayor gravedad y disminuir la litigiosidad vinculada a ajustes de bajo impacto fiscal.
La declaración jurada simplificada y la presunción a favor
Otro eje central de la Ley de Inocencia Fiscal es la creación de una declaración jurada simplificada para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no supere los $10.000 millones. El régimen excluye a los grandes contribuyentes nacionales y ofrece un beneficio clave: el efecto liberatorio del pago, siempre que se acepte la declaración propuesta por ARCA y se abone en término.
Además, la ley establece una presunción de exactitud a favor del contribuyente, salvo que el organismo detecte discrepancias significativas. Estas se configuran si la diferencia implica un aumento de al menos 15% en el impuesto determinado o supera los $100 millones en tributos, o los $7 millones en aportes y contribuciones. Quedan expresamente excluidos los casos de facturación apócrifa u omisión deliberada de ingresos.
Menos plazos, más previsibilidad
La norma de Inocencia Fiscal también introduce cambios relevantes en materia de prescripción. Para los contribuyentes inscriptos que presenten declaraciones juradas en término y regularicen sus saldos, el plazo para que el fisco pueda accionar baja de cinco a tres años. En cambio, para los no inscriptos, el plazo se mantiene en diez años.
En el ámbito previsional, las acciones para reclamar aportes y contribuciones prescriben a los diez años, pero se reducen a cinco si no existen discrepancias significativas. A su vez, la norma de Inocencia Fiscal fija en cinco años el plazo para acciones civiles, salvo que una ley específica disponga lo contrario. Todos los montos establecidos se actualizarán automáticamente desde 2027 según la UVA, lo que busca evitar distorsiones inflacionarias.
Lo que falta reglamentar y las alertas técnicas
Pese a su entrada en vigencia, la Ley de Inocencia Fiscal requiere decretos y resoluciones complementarias. Especialistas señalan que aún no está definido cómo funcionará en la práctica la declaración jurada simplificada, qué información pondrá a disposición ARCA ni qué margen tendrá el contribuyente para modificarla.
También persisten dudas en torno a los controles antilavado, que dependen de la Unidad de Información Financiera (UIF). Las normas sobre depósitos en efectivo y análisis de origen de fondos no fueron modificadas, por lo que los bancos deberán seguir aplicando los mismos criterios de riesgo. En ese sentido, la adhesión a un régimen tributario no reemplaza los controles exigidos por estándares internacionales.
Un nuevo marco con impacto inmediato
La Ley de Inocencia Fiscal entra en vigencia con el objetivo de ordenar el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, reducir la conflictividad y concentrar la fiscalización en casos relevantes. Al mismo tiempo, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar regímenes similares, en busca de mayor homogeneidad a nivel nacional.
Con sus beneficios y zonas grises, el nuevo marco legal ya impacta en la operatoria cotidiana de millones de personas. Su efectividad dependerá ahora de cómo se reglamente y de la capacidad del Estado para equilibrar control, transparencia y previsibilidad en un sistema tributario históricamente complejo.
