Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares tras un debate cargado de tensión
En una sesión que se extendió por más de 11 horas y estuvo marcada por fuertes cruces políticos, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el oficialismo junto a gobernadores de provincias cordilleranas, generó un amplio rechazo de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que ya anticiparon acciones judiciales.
La votación se concretó cerca de las 2.30 de la madrugada, en una jornada que tuvo alta exposición política y que contó con la presencia en los palcos de Karina Milei. El proyecto introduce modificaciones relevantes en el esquema de protección ambiental y redefine el rol de las provincias sobre sus recursos naturales, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre desarrollo y preservación.
Apoyos y rechazos en un recinto dividido
El oficialismo de La Libertad Avanza logró reunir una mayoría con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. La construcción de consensos fue clave para alcanzar los votos necesarios en una discusión que se preveía ajustada.
En contraposición, el rechazo fue liderado por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y sectores de la oposición dialoguista. Entre las voces críticas se destacaron Germán Martínez, Miguel Ángel Pichetto y Myriam Bregman, quienes cuestionaron tanto la constitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares como sus posibles impactos ambientales.
Cambios clave en la Ley de Glaciares
El eje central de la reforma es la redefinición del alcance de la protección de glaciares y ambientes periglaciales. A partir de ahora, serán las provincias las encargadas de determinar, con base en estudios técnicos, qué áreas cumplen funciones hídricas y deben ser protegidas.
Si bien la Ley de Glaciares mantiene la prohibición de actividades como la minería en zonas protegidas, introduce un cambio significativo: cada jurisdicción podrá evaluar, mediante estudios de impacto ambiental, si un proyecto afecta de manera relevante esos ecosistemas.
Otro punto relevante es la modificación en el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que seguirá a cargo del Inventario Nacional de Glaciares. Sin embargo, el organismo tendrá una mayor dependencia de la información generada por las provincias, lo que refuerza el enfoque federal de la nueva normativa.
Argumentos cruzados durante el debate
Durante el tratamiento en el recinto, el oficialismo defendió la reforma de la Ley de Glaciares al sostener que no implica una flexibilización de los controles, sino una mejora en la calidad de las evaluaciones. El diputado Nicolás Mayoraz afirmó que la ley “no afecta el paradigma de protección” y que aporta mayor rigor técnico.
Desde la oposición, en cambio, la lectura fue diametralmente opuesta. Legisladores como Maximiliano Ferraro advirtieron que la iniciativa podría representar un retroceso en materia ambiental. “Es una ley inconstitucional”, sostuvieron, al tiempo que alertaron sobre un eventual avance de la actividad minera en zonas sensibles.
Protestas y advertencias en las calles
Mientras se desarrollaba el debate en el Congreso en torno a la Ley de Glaciares, organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas se movilizaron en las inmediaciones del edificio legislativo para rechazar la iniciativa. Las protestas incluyeron momentos de tensión con las fuerzas de seguridad y se replicaron en distintas provincias, especialmente en regiones cordilleranas como Mendoza.
Las ONG anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar la aplicación de la norma. Cuestionan tanto el contenido de la reforma como el proceso de participación pública previo, al considerar que no se garantizó un debate amplio y transparente.
Un debate que continuará
Con la aprobación en Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares abre un nuevo escenario en la política ambiental argentina. El equilibrio entre desarrollo productivo, actividad minera y preservación de los recursos hídricos volverá a estar en el centro de la discusión pública y judicial.
El avance del proyecto marca un punto de inflexión en la relación entre Nación y provincias en materia de recursos naturales. Sin embargo, las diferencias políticas y las objeciones ambientales anticipan que el debate está lejos de cerrarse.
