Agua bajo la lupa: glaciares, agro y la nueva discusión que se abre en el Congreso
El agua volvió a instalarse como un tema central en la agenda pública argentina, pero esta vez el foco excede la coyuntura climática. La posible modificación de la Ley de Glaciares reavivó un debate que conecta la protección ambiental con la producción agropecuaria, justo cuando organismos internacionales advierten sobre un problema creciente: la calidad del agua utilizada por los sistemas agroalimentarios.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, reconoce a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos destinadas al consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas. Hoy, esa definición vuelve al centro de la escena política, en un contexto donde el recurso hídrico enfrenta presiones simultáneas por el cambio climático, la expansión productiva y el deterioro ambiental.
Sesiones extraordinarias y señales políticas
El debate legislativo se enmarca en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, habilitada por el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial. Dentro del temario figura la “adecuación” del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglacial, lo que abrió un nuevo capítulo de discusión institucional.
En ese camino, el Senado ya dio una primera señal con un plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Allí participaron funcionarios nacionales, especialistas científicos, organizaciones ambientales y representantes del sector empresarial, marcando la diversidad de intereses en juego.
El planteo del Gobierno y el rol de las provincias
Desde el Poder Ejecutivo, la iniciativa es presentada como un intento de clarificar el alcance de la normativa vigente y de ordenar las competencias entre Nación y provincias. En el mensaje que acompaña el proyecto se sostiene que la reforma busca “superar controversias interpretativas” que, según el Gobierno, generaron incertidumbre jurídica a lo largo de los años.
El texto también recoge reclamos de distintas jurisdicciones vinculadas a las mesas del litio y del cobre, que solicitan mayor precisión sobre qué ambientes deben ser protegidos y sobre la función hídrica real de los glaciares y zonas periglaciares. El trasfondo es un debate federal que cruza desarrollo productivo, control ambiental y gestión de recursos naturales.
La advertencia internacional sobre el agua que usa el agro
Mientras el Congreso discute el marco legal, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pone el foco en otro aspecto clave: la calidad del agua. Un informe reciente del organismo advierte que el problema hídrico global ya no se limita a la disponibilidad, sino que involucra crecientes riesgos de contaminación química.
Según la FAO, la agricultura utiliza más del 70% del agua dulce extraída a nivel mundial, lo que somete a ríos, acuíferos y reservorios a una presión sin precedentes. En ese escenario, se incrementa el uso de aguas alternativas o reutilizadas, muchas veces con composición química poco conocida, lo que eleva el riesgo de que contaminantes ingresen a la cadena alimentaria.
Inocuidad alimentaria y desafíos emergentes
El documento advierte que cuando el agua contiene sustancias químicas, ya sea de origen natural o por acción humana, su uso en la producción agroalimentaria puede transformarse en un problema de seguridad alimentaria. Los impactos potenciales abarcan cultivos, ganadería, acuicultura y alimentos procesados, con consecuencias que trascienden al sector productivo.
Además, la FAO remarca que muchos contaminantes carecen de directrices específicas de gestión del riesgo, lo que dificulta su control. A esto se suman nuevos desafíos, como el aumento de eventos climáticos extremos, el uso de aguas no convencionales y la complejidad de las mezclas químicas, factores que obligan a repensar la gestión del agua desde una mirada integral.
Glaciares, cuencas y producción
Para el agro, los glaciares y ambientes periglaciares cumplen un rol silencioso pero decisivo. Regulan caudales, sostienen cuencas y definen la disponibilidad de agua en amplias regiones productivas. Por eso, el debate sobre la Ley de Glaciares empieza a leerse también en clave productiva, más allá del enfoque ambiental.
Con el Congreso habilitado para tratar la reforma y las advertencias técnicas sobre la mesa, la discusión se amplía. La calidad y la gestión del agua emergen como variables estratégicas para la competitividad, el acceso a mercados y la salud pública. En definitiva, lo que se decida sobre el hielo en la alta montaña tendrá impacto directo en el agua que alimenta los sistemas productivos y llega, finalmente, al plato de los consumidores.
