La Justicia frenó el ingreso de carne con hueso a la Patagonia y reinstaló la barrera sanitaria
La histórica barrera sanitaria que protege a la Patagonia volvió a quedar en pie tras la decisión del Juzgado Federal de Río Grande, que suspendió de manera cautelar, y por un plazo inicial de un mes, la resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que habilitaba el ingreso de carne con hueso a la región.
La medida fue adoptada por la jueza Mariel Borruto, quien dio lugar al planteo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra la Resolución 460/2025 del Senasa. Según el fallo, la normativa oficial carecía de fundamentos técnicos y jurídicos suficientes y, en consecuencia, ponía en riesgo el estatus sanitario diferencial de la Patagonia, considerado un activo estratégico para la producción y la apertura de mercados internacionales.
Riesgos económicos y sanitarios
La resolución judicial sostiene que permitir el ingreso de carne con hueso desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación podría comprometer décadas de trabajo conjunto entre productores, autoridades sanitarias y organismos estatales para sostener la condición de región libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esa certificación, obtenida tras años de controles estrictos, es clave para acceder a mercados de alto valor, como Chile y la Unión Europea, que exigen garantías sanitarias superiores.
En este sentido, la Asociación Rural de Tierra del Fuego había advertido que la medida del Senasa implicaba un retroceso que ponía en peligro no solo la salud animal, sino también la economía de la Patagonia, dado que una eventual pérdida del estatus sanitario traería aparejadas restricciones comerciales y un fuerte impacto en las exportaciones.
El argumento oficial
Desde el Senasa defendieron la Resolución 460/2025 como parte de un proceso de armonización con estándares internacionales, asegurando que el levantamiento de la restricción no representaba un riesgo sanitario concreto para la Patagonia. El organismo sanitario incluso sostuvo que la medida permitía modernizar la normativa vigente y alinear la regulación argentina con la de otros países exportadores de carne.
Sin embargo, el fallo del Juzgado Federal tuvo en cuenta antecedentes recientes que encendieron las alarmas en la Patagonia. Entre ellos, el rechazo público de los gobernadores patagónicos, la suspensión temporaria de la medida resuelta meses atrás tras las protestas locales, y la reacción de Chile, que directamente cerró sus importaciones desde Argentina en caso de levantarse la barrera, afectando a frigoríficos y productores de la zona sur.
Impacto regional e internacional
Con la medida cautelar, queda nuevamente prohibido el ingreso de carnes —con o sin hueso—, productos cárnicos y material reproductivo desde las zonas del país calificadas como libres de fiebre aftosa con vacunación hacia la Patagonia. Esto significa que la región recupera, al menos de manera provisoria, su diferencial sanitario de mayor valor.
La decisión judicial fue celebrada por entidades rurales de la Patagonia, que la consideran un respaldo a la producción local y a la competitividad de las economías regionales. “La barrera sanitaria es un patrimonio que costó décadas construir y que no puede ponerse en juego con medidas improvisadas”, señalaron desde la Asociación Rural de Tierra del Fuego.
El fallo también refuerza la posición de los países importadores más exigentes. Tanto Chile como la Unión Europea habían expresado su preocupación por la posibilidad de que se flexibilizara el control sanitario, lo que derivó en trabas comerciales que impactaron en la industria cárnica argentina.
Un debate que continúa
Aunque la cautelar rige por un mes, la cuestión de fondo aún debe resolverse. La Justicia deberá definir si la Resolución 460/2025 del Senasa tiene validez o si efectivamente implica un riesgo que justifica su anulación definitiva. En el corto plazo, el fallo representa un alivio para los productores patagónicos, que ven en la barrera sanitaria una herramienta clave para sostener su competitividad.
La medida también abre un nuevo capítulo en el debate sobre la relación entre apertura comercial y protección sanitaria. Mientras el Senasa insiste en que es necesario avanzar hacia regulaciones más flexibles y alineadas con el comercio internacional, los productores del sur remarcan que la diferenciación sanitaria es la base de su modelo productivo y exportador.
