Javier Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad
El presidente Javier Milei vetó este lunes de manera total tres leyes clave que habían sido aprobadas por el Congreso Nacional el pasado 10 de julio. Se trata de las normativas 27.791, 27.792 y 27.793, que contemplaban un aumento real de las jubilaciones y pensiones, la reimplantación de una moratoria previsional y la declaración de la emergencia nacional en discapacidad. La decisión fue oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada, al cumplirse el plazo constitucional de diez días hábiles.
El veto fue firmado por Javier Milei y refrendado por la totalidad de su gabinete, en una muestra de unidad interna en torno a una de las decisiones más polémicas de su gestión. Entre los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo se destacan la supuesta falta de fuentes de financiamiento concretas para solventar las iniciativas y “graves irregularidades” detectadas durante su tratamiento legislativo. Además, se cuestionó el momento político en el que fueron sancionadas, señalando que se dieron “en un contexto de creciente presión electoral y campañas anticipadas” de cara a las legislativas de octubre.
Qué establecían las leyes vetadas por Javier Milei
La ley que más atención había generado era la vinculada a los haberes previsionales. Allí se estipulaba un aumento del 7,2% real para jubilaciones y pensiones —exceptuando los regímenes especiales—, junto con una suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. También se disponía la restitución por dos años de la moratoria previsional, un mecanismo que permite a personas sin los 30 años de aportes necesarios completar los requisitos para acceder al haber mínimo.
Por su parte, la ley de emergencia en discapacidad (27.793) declaraba el estado de emergencia hasta 2026 y contemplaba la creación de una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal. Además, incluía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores, lo cual fue objetado por el Gobierno debido al elevado costo fiscal estimado: más de 2 billones de pesos en 2025 y hasta 4,7 billones en 2026.
En conjunto, las tres leyes implicarían un incremento del gasto público equivalente al 1,68% del PBI, según cálculos oficiales. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y promesa de déficit cero, Milei ratificó su rechazo frontal a cualquier medida que implique expandir el gasto del Estado.
Pulseada en el Congreso: la clave está en Diputados
La batalla por revertir o sostener el veto se traslada ahora al Congreso, especialmente a la Cámara de Diputados. Si bien la oposición logró imponer las leyes con amplio respaldo en ambas cámaras, el oficialismo confía en contar con los votos suficientes para evitar que el veto sea rechazado. En este caso, se requiere una mayoría de dos tercios de los presentes en ambas cámaras, algo que no parece alcanzable en la actual correlación de fuerzas.
Desde La Libertad Avanza sostienen que tienen garantizados más de 80 votos propios y aliados en Diputados, cifra similar a la que ya se evidenció en votaciones anteriores relacionadas con decretos y vetos, como las de septiembre y octubre de 2024, cuando obtuvieron 87 y 84 votos negativos, respectivamente.
La estrategia del oficialismo también incluye negociaciones con gobernadores, a quienes se les habría ofrecido un esquema de reparto parcial de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como parte de un acuerdo más amplio. Las provincias reclaman no sólo fondos para cubrir déficits, sino también una revisión en el reparto del impuesto a los combustibles líquidos y la eliminación de ciertos fondos fiduciarios que no reciben coparticipación.
Una sesión caliente y cargada de temas sensibles
El tratamiento del veto tendrá lugar en una sesión prevista para este miércoles en Diputados, que incluirá además otros temas de alto voltaje político. Entre ellos, se debatirán proyectos sobre financiamiento universitario, emergencia en el Hospital Garrahan, la crisis del sistema científico nacional y una serie de decretos de desregulación que afectan a organismos como el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, la Marina Mercante y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sesión promete exponer con crudeza las diferencias entre el oficialismo y la oposición, y será un termómetro clave para medir el margen de maniobra política del Gobierno. Si bien Milei ya había anticipado públicamente su decisión de vetar la ley jubilatoria incluso antes de que fuera aprobada, el rechazo formal marca un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, donde los consensos son cada vez más difíciles de alcanzar.
“La política del superávit fiscal es permanente”, había afirmado el presidente semanas atrás ante la Bolsa de Comercio, dejando en claro que su gestión no está dispuesta a ceder frente a lo que considera “populismo legislativo”.
La discusión, sin embargo, está lejos de terminar. La posibilidad de judicializar la medida o incluso de que en un futuro cambie el escenario político podrían reabrir la puerta a este tipo de iniciativas. Mientras tanto, jubilados, personas con discapacidad y miles de beneficiarios del sistema previsional quedarán en una tensa espera, atrapados entre la puja por el ajuste fiscal y la demanda de derechos básicos.
