Industria del vino: el Gobierno critica a la Asociación de Viñateros y la COVIAR por frenar la desregulación del INV


La desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se convirtió en un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno y algunos sectores de la industria vitivinícola. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó duras críticas contra la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) por solicitar ante la Justicia un amparo que frene cambios en las normativas que buscan simplificar la actividad.

Hoy es triste ver cómo algunos se escudan en la regulación, usando argumentos delirantes, para volver a hacer un daño, esta vez, a sus propios colegas”, sostuvo Sturzenegger, quien cuestionó la presentación judicial que busca restablecer la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un trámite que hasta ahora muchos productores consideran burocrático y poco utilizado. Según el ministro, el 45% de los productores que debían hacerlo no lo utilizaban, lo que motivó su conversión en opcional.

Sturzenegger compara la situación con la AFA

En un posteo en la red social X, Sturzenegger trazó un paralelismo entre la controversia del INV y la histórica resistencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a permitir la conversión de clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). “Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes elijan si querían ser sociedades anónimas, la AFA y Tapia recurrieron a la Justicia para prohibir la opcionalidad… Algo similar ocurre hoy con la presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza”, ironizó el ministro.

El funcionario subrayó que la desregulación del INV busca liberar a la industria de “miles de restricciones, obligaciones, trámites absurdos, injerencias indebidas y oportunidades de coimas”. En este contexto, la decisión de hacer opcional el CIU no solo busca reducir la carga burocrática, sino también dar mayor libertad a los productores para organizar su actividad sin interferencias del Estado.

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Críticas a la COVIAR y sospechas de intereses ocultos

Sturzenegger también dirigió su atención hacia la COVIAR, señalando que algunas acciones podrían estar motivadas por intereses privados. Según explicó, la eliminación del CIU dificulta a la entidad el cobro de un impuesto que, a su entender, se sigue recaudando de manera ilegítima desde que venció su mandato en 2020. “Es muy triste ver que un sector que tiene tanto para dar quede rehén de estos intereses”, sostuvo.

El ministro planteó dos posibles razones detrás del pedido judicial: por un lado, el CIU podría funcionar como un mecanismo de control del mercado, facilitando la cartelización; por otro, su eliminación complicaría la recaudación de tasas impuestas por entidades privadas. En ambos casos, advirtió, los argumentos para restablecer la obligatoriedad del certificado parecen más ligados a intereses particulares que a la eficiencia o transparencia del sector.

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Un recordatorio histórico del “vinicidio” de 1934

Para contextualizar su crítica a quienes buscan frenar la desregulación del INV, Sturzenegger recordó la medida tomada en 1934 por el entonces presidente Agustín Pedro Justo, que prohibió la producción vitivinícola fuera de Cuyo, obligando a destruir fincas en Entre Ríos.

Esta norma restrictiva se levantó recién en 1993, y su impacto quedó registrado como un freno al desarrollo de la industria en varias provincias. “La Bodega BordeRío incluso llamó a su línea de vinos ‘Injusto’, en memoria de aquella medida”, señaló el ministro, para subrayar cómo la regulación excesiva puede perjudicar a los productores.

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Un llamado a la libertad productiva

Sturzenegger cerró sus declaraciones enfatizando que la desregulación del INV busca fomentar la libertad económica y la competencia: “Esperemos que la Justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones”.

El mensaje del Gobierno es claro: se trata de impulsar un sector vitivinícola más competitivo y menos condicionado por cargas burocráticas del INV, mientras se cuestionan las presiones de asociaciones que, según Sturzenegger, priorizan intereses particulares por encima del desarrollo general de la industria. En este marco, la disputa sobre el CIU se consolida como un símbolo del debate entre regulación y libertad productiva en el corazón del vino argentino.