Asociaciones vitivinícolas recurren a la Justicia para frenar cambios en el INV
La reciente decisión del Gobierno nacional de sumar al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a su plan de desregulaciones generó un conflicto creciente en la cadena del vino. Productores y cámaras del sector cuestionan que, si bien se busca agilizar trámites, algunas medidas afectan directamente la seguridad y trazabilidad de los vinos, elementos centrales para garantizar su calidad.
El foco del conflicto es la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU), documento que permite rastrear la uva desde el viñedo hasta la bodega, registrando peso, variedad y contenido de azúcar. Para los productores, esta medida pone en riesgo la transparencia de la cadena y la propiedad de la materia prima, lo que llevó a cuatro entidades a presentar una acción de amparo ante la Justicia.
Cuatro cámaras presentan un recurso judicial
La acción fue impulsada por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA). Según ACOVI, la medida busca proteger el título de propiedad del productor y la trazabilidad del producto, tras los reiterados pedidos de reincorporación del CIU ante los ministerios de Desregulación y Economía, que no obtuvieron respuesta satisfactoria.
“Estamos a favor de políticas de desregulación que simplifiquen el funcionamiento del Estado, pero el CIU es una herramienta exitosa que no genera burocracia ni costos adicionales y garantiza seguridad jurídica y transparencia para toda la cadena vitivinícola”, destacaron desde ACOVI en un comunicado publicado en la red social X.
La función del CIU y los riesgos de su eliminación
El CIU ha sido durante décadas la base del sistema de trazabilidad argentino. Este registro oficial permite reconstruir el recorrido de la uva, desde el viñedo hasta el consumidor, asegurando que los vinos se correspondan con la materia prima utilizada. Además, genera un código de análisis en la etiqueta, que permite consultar en la web del INV datos sobre variedad, elaborador, fecha del análisis y características analíticas.
La preocupación en torno a la desregulación del INV radica en que la eliminación de su obligatoriedad podría abrir la puerta a adulteraciones, diluciones de vino o competencia desleal, afectando incluso la propiedad intelectual de los productores de uvas. Asimismo, podría poner en riesgo la validez de las denominaciones de origen y debilitar la confianza de los consumidores en la calidad del vino argentino.
Carta al Ministerio de Economía
Antes de recurrir a la Justicia, las entidades enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, recordando la importancia de mantener instrumentos históricos del INV como el CIU y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05). Según el texto, ambos documentos son esenciales para garantizar transparencia, control y seguridad jurídica en toda la cadena vitivinícola.
El documento detalla que el CIU certifica el ingreso real de la uva al lagar, incluyendo peso, variedad y condiciones de entrega, mientras que el CEC 05 da continuidad administrativa a esta información, registrando volúmenes elaborados y titularidades correspondientes. Juntos conforman la columna vertebral de la trazabilidad, necesaria para sostener la integridad estadística del INV y cumplir con estándares internacionales.
Impacto en la industria y próximos pasos
La eliminación del CIU y la ausencia del CEC 05, según las entidades, fragmentan la trazabilidad y generan incertidumbre sobre la propiedad de la materia prima y la calidad de los vinos. Además, podría afectar a miles de productores que dependen de estos instrumentos para certificar sus derechos y cumplir con la normativa vigente.
Mientras el conflicto se dirime en la Justicia, el sector vitivinícola sigue debatiendo el equilibrio entre desregulación y control en el INV, buscando un modelo que combine agilidad administrativa con garantía de calidad. La resolución de este caso podría marcar un precedente importante sobre hasta dónde puede avanzar la desregulación en la industria del vino, sin comprometer la transparencia y la confianza del consumidor.
Con la acción judicial en marcha y las cartas enviadas a las autoridades, la industria vitivinícola argentina espera que se mantengan herramientas clave para preservar la trazabilidad y seguridad de su producción, pilares esenciales para mantener la competitividad y reputación del vino nacional en los mercados internacionales.
