Inundaciones: daño económico que equivale a 115.700 sueldos y 700.000 toneladas de granos perdidas
Las inundaciones que comenzaron el 4 de febrero y mantuvieron anegada gran parte del partido de 9 de Julio durante meses dejaron un impacto profundo que trascendió los límites de los campos afectados. El agua cortó caminos rurales, frenó el movimiento de maquinaria y paralizó actividades clave, golpeando al conjunto de la economía local y no solo al sector agropecuario. Según un informe elaborado por la Sociedad Rural de 9 de Julio, el INTA local, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid 9 de Julio–Casares, el evento provocó pérdidas por 113,9 millones de dólares, una cifra que ilustra la magnitud del daño.
El objetivo del relevamiento fue dimensionar el impacto real de las inundaciones, dado que los efectos productivos y fiscales se extendieron mucho más allá de las hectáreas bajo agua. Los autores remarcaron que la emergencia afectó a productores, contratistas, transportistas, comercios y trabajadores, generando un shock económico del cual la región tardará meses en recuperarse.
Un territorio productivo reducido casi a la mitad
El partido de 9 de Julio cuenta con 250.000 hectáreas agrícolas y 150.000 ganaderas, base de sustento para cerca de 3.000 actores de la cadena agroindustrial local. El informe revela que las inundaciones redujeron en 42% el área productiva: quedaron fuera de uso 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 hectáreas ganaderas durante los meses más críticos.
Esa superficie perdida se tradujo en un impacto directo sobre los volúmenes de producción. Se dejaron de producir alrededor de 700.000 toneladas de granos, un golpe contundente para una zona que figura entre las más dinámicas de la región pampeana. La merma no solo afectó las campañas agrícolas del año, sino que también compromete rotaciones, planificación futura y disponibilidad de forraje para la ganadería.
La facturación cayó más de 113 millones de dólares
Antes del evento climático, las entidades estimaban que la actividad agropecuaria del distrito generaría 283,7 millones de dólares. Sin embargo, tras las inundaciones, la cifra se desplomó a 169,7 millones, marcando una pérdida total de 113,9 millones de dólares. Este recorte no afecta sólo a los productores, sino que arrastra a todo el entramado económico: comercios, servicios profesionales, estaciones de servicio, talleres y logística.
Según indicaron los técnicos, esta caída provoca un efecto en cadena que se extenderá por varios meses. Menos producción implica menos viajes, menos ventas, menos empleo y menos recaudación, afectando a cada eslabón de la economía local.
El daño en números equivalentes
Para dimensionar la magnitud del impacto de las inundaciones en términos cotidianos, el informe tradujo las pérdidas de 113,9 millones de dólares en equivalencias concretas. La cifra equivale a la no venta de 4.665 autos Toyota Yaris, a 18 millones de bolsas de cemento que no se consumirán y a 115.706 sueldos promedio de los trabajadores del distrito.
Desde el punto de vista logístico, significa 17.223 viajes menos de camiones rumbo al puerto, lo que implica menos actividad para transportistas y operadores de servicios asociados. En términos fiscales, el informe destaca que el Estado dejará de percibir 30,4 millones de dólares en retenciones, un golpe adicional en un año de elevada presión fiscal para todas las jurisdicciones.
Llamado urgente a invertir en obras hídricas
Las entidades remarcaron que estas pérdidas producto de las inundaciones no son un problema sectorial, sino un daño que terminó pagando toda la comunidad. Por eso insistieron en la necesidad de avanzar en obras hídricas estratégicas, mantenimiento de canales, mejoramiento de caminos rurales y modernización de los sistemas de drenaje. Según señalaron, lo ocurrido dejó en evidencia la vulnerabilidad del distrito y la urgencia de una planificación integral que permita evitar futuros eventos de esta magnitud.
Al mismo tiempo, destacaron que la reconstrucción económica exigirá coordinación entre productores, municipios, entidades técnicas y gobiernos provinciales y nacionales, ya que la recuperación del tejido productivo dependerá de la velocidad con la que se restablezcan las condiciones de trabajo. Para las entidades firmantes, el informe es una herramienta para dimensionar el daño de las inundaciones y también una advertencia: sin infraestructura acorde y una planificación hídrica a largo plazo, las pérdidas seguirán repitiéndose.
