El INTA aprueba retiros voluntarios y fija condiciones
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aprobó la implementación de un sistema de retiro voluntario destinado al personal de planta permanente del organismo. La decisión se formalizó en el Acta N°611 y establece que el proceso se iniciará el 1° de abril de 2026, con una convocatoria abierta por 30 días corridos, prorrogable por única vez por otros 15 días si así lo solicita la Dirección Nacional.
La medida alcanza a trabajadores con un mínimo de tres años de antigüedad y que tengan menos de 65 años al 31 de marzo de 2026. Actualmente, el INTA cuenta con 5749 empleados y, aunque todavía no se precisó cuántos podrían adherirse al régimen, la iniciativa se inscribe en un proceso de reestructuración más amplio dentro del organismo.
Los representantes de entidades privadas y estatales que integran el Consejo instruyeron a la Dirección Nacional a elevar la propuesta y a conformar el expediente administrativo correspondiente. Ese trámite deberá remitirse al área de Empleo Público y al Ministerio de Economía para la asignación presupuestaria necesaria para afrontar las desvinculaciones.
Cómo se calcularán las indemnizaciones
El esquema aprobado fija que la compensación económica se calculará a razón de 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses en el empleo público, conforme a las categorías establecidas en la Ley 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
Para los agentes que tengan hasta 60 años cumplidos al 31 de marzo de 2026, se abonará la totalidad del monto resultante del cálculo. En cambio, quienes tengan entre 61 y 63 años inclusive percibirán el mismo criterio de liquidación, pero con un tope máximo equivalente a 24 haberes brutos.
En el caso de los trabajadores que hayan cumplido 64 años a esa fecha, el límite será de 12 haberes brutos. El Consejo Directivo del INTA, presidido por Nicolás Bronzovich, determinó además que el pago se realizará en una sola cuota, una vez formalizada la desvinculación.
Restricciones y prohibición de reingreso
El régimen aprobado contempla una cláusula estricta de no reingreso. Los trabajadores del INTA que opten por el retiro voluntario no podrán volver a ser designados en planta permanente ni transitoria, ni tampoco ser contratados bajo ninguna modalidad —con o sin relación de dependencia— en organismos que integren el Sector Público Nacional, conforme al artículo 8° de la Ley 24.156.
Esta restricción tendrá una vigencia de cinco años contados desde la fecha efectiva de cese. Con esta disposición, el Gobierno busca evitar reincorporaciones posteriores y consolidar la reducción estructural de la planta de personal.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que el organismo cuenta con 5749 empleados y que la intención oficial sería reducir alrededor de 1000 puestos, o incluso acercarse a una planta de 4000 trabajadores. Según datos gremiales, entre retiros, cesantías, jubilaciones y renuncias ya se registraron más de 800 bajas desde el inicio de la actual gestión.
Reacciones gremiales y reorganización interna
Julieta Boedo, delegada de ATE en el INTA, cuestionó la medida y afirmó que “el plan sigue intacto: vaciar el INTA, al igual que todos los organismos públicos”. Según sostuvo, el retiro voluntario podría implicar la salida tanto de personal administrativo como de profesionales e investigadores, lo que —a su entender— afectaría directamente la investigación y el desarrollo científico-tecnológico.
En paralelo al esquema de retiros, el Consejo Directivo avanzó en otras definiciones institucionales. Se resolvió la conformación de ocho concursos destinados a la elección de Directores Regionales, en el marco de un proceso de reorganización interna.
Asimismo, se instruyó a la Dirección Nacional a dar de baja determinadas Agencias de Extensión Rural (AER) que ya estaban contempladas en la Propuesta Integral de Adecuación y Fortalecimiento iniciada en febrero del año pasado. Según se indicó oficialmente, la medida cuenta con la validación de los Consejos Regionales y no implicará pérdida de puestos de trabajo ni reducción de la presencia territorial.
Las entidades del agro que integran el organismo solicitaron que el proceso se lleve adelante sin afectar el normal funcionamiento del INTA y pidieron precisiones sobre el número estimado de adhesiones. Por ahora, el alcance real del plan dependerá de la cantidad de trabajadores que decidan acogerse al régimen cuando se abra formalmente la convocatoria en abril.
