El Gobierno retrocede y restituye la autarquía al INTA tras el rechazo del Congreso
El Gobierno de Javier Milei se vio obligado a retroceder con las reformas que había impulsado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), luego de que el Congreso rechazara los decretos que habían modificado su funcionamiento.
La decisión quedó oficializada a través del Decreto 627/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente junto a todo su gabinete. La norma restituye la plena vigencia de las disposiciones previas a los decretos 345, 351, 461 y 462 de este año, que habían sido cuestionados por legisladores de diferentes bloques opositores y también por representantes de sectores productivos.
El caso INTA: el eje de la disputa
El punto más sensible fue la modificación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, organismo creado en 1956 y considerado un pilar en la investigación y la extensión agropecuaria en todo el país.
El Gobierno había resuelto quitarle la autarquía para convertirlo en un “organismo descentralizado” dentro de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ese esquema reducía su autonomía administrativa y financiera, y eliminaba su actual modelo de gobernanza, en el que participan universidades nacionales y entidades representativas del sector agropecuario.
La medida fue rechazada de manera contundente tanto en el Congreso como en el ámbito rural. Diversas asociaciones advirtieron que limitar la independencia del INTA significaba poner en riesgo la calidad y continuidad de sus proyectos de investigación, clave para la innovación tecnológica en el agro argentino.
Con la publicación del nuevo decreto, el INTA recupera plenamente su marco de funcionamiento original, garantizando la participación de actores académicos y productivos en sus decisiones estratégicas.
El INV y otros organismos, también restituidos
La marcha atrás no se limitó al INTA. El decreto también deja sin efecto los cambios que el Ejecutivo había dispuesto para el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), cuya transformación en una unidad dependiente de Agricultura había generado alarma en las provincias vitivinícolas, especialmente Mendoza y San Juan.
Asimismo, se suspenden disposiciones que apuntaban a la disolución o modificación de otros tres organismos vinculados al agro:
- La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).
- El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci).
- El Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Estos entes mantendrán, por lo tanto, su estructura y funciones vigentes hasta antes de los decretos cuestionados, al igual que el INTA.
El rol del Congreso y el trasfondo político
El retroceso del Ejecutivo se explica por la firme posición del Congreso, que rechazó los decretos por mayoría absoluta, obligando al Gobierno a restituir las normativas originales. Para la oposición, las modificaciones impulsadas significaban un avasallamiento sobre instituciones de larga trayectoria y reconocimiento técnico, mientras que desde el oficialismo se había argumentado que el objetivo era “modernizar” la estructura del Estado.
El caso del INTA se transformó en un símbolo de resistencia, ya que su prestigio científico y su capilaridad territorial lo convierten en un organismo difícil de reemplazar. La reacción política y social mostró que incluso en un contexto de reformas profundas, hay áreas en las que los consensos logrados en décadas resultan difíciles de desarticular.
Una pulseada que deja huella
La decisión de dar marcha atrás refleja una limitación en la estrategia gubernamental, que pretendía avanzar sobre organismos descentralizados para concentrar mayor control en la órbita del Poder Ejecutivo. El desenlace deja en claro que, en temas sensibles para sectores productivos estratégicos, el Congreso mantiene capacidad de freno.
Para el agro y para las provincias involucradas, el anuncio fue recibido como un alivio. Tanto el INTA como el INV, el INASE y el Inafci seguirán funcionando con sus estructuras originales, preservando sus modelos de gobernanza y su autonomía relativa.
El desenlace marca un primer revés político para el Gobierno en su intento de reformar organismos técnicos, y abre interrogantes sobre hasta dónde podrá avanzar en otras áreas del Estado sin contar con consensos más amplios.
