El Gobierno oficializó los cambios en el INTA, pero el DNU está bajo debate en el Congreso
A través del Decreto 585/2025, el Ministerio de Economía redefinió la estructura del INTA, el INV y otros entes agropecuarios. Aunque ya está en vigencia, el decreto fue rechazado en Diputados y ahora será debatido en el Senado.
El Gobierno nacional oficializó esta semana la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto con otros organismos clave del sector agropecuario, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Las modificaciones, publicadas mediante el Decreto 585/2025, se enmarcan en un proceso de transformación estructural del Estado que el Ministerio de Economía viene impulsando desde comienzos de año.
Sin embargo, el decreto que habilita estos cambios no está exento de controversia. La medida fue rechazada por la Cámara de Diputados, y ahora el debate se trasladó al Senado, donde su destino sigue siendo incierto. A pesar de ello, el Gobierno ya comenzó a implementar la nueva organización institucional.
Una transformación en marcha
El decreto establece que el objetivo es concentrar funciones y eliminar estructuras paralelas, disolviendo regímenes, comisiones, programas, registros y un consejo que antes funcionaban de forma autónoma. Todo lo absorbió el Ministerio de Economía, como parte de una estrategia para mejorar la coordinación y reducir costos.
En este nuevo esquema, el INTA mantiene su rol como institución técnica de referencia para el desarrollo agropecuario, pero con atribuciones más focalizadas y funciones más específicas. El presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, continuará al frente de la entidad, con el desafío de conducir esta etapa de cambios sin afectar su histórica vinculación con el territorio y el sistema productivo.
Qué dice el nuevo decreto sobre el INTA
El Decreto 585/2025 detalla que el INTA deberá ahora “entender y gestionar la planificación, monitoreo y evaluación institucional y los instrumentos programáticos estratégicos y operativos, en articulación con las distintas áreas e instancias institucionales”.
Asimismo, el organismo será responsable de coordinar los componentes estratégicos de relaciones institucionales y vinculación tecnológica, con el fin de identificar oportunidades y aplicar herramientas de innovación. Un punto destacado de la normativa es el enfoque en la propiedad intelectual, que el INTA deberá garantizar y proteger para facilitar la transferencia de tecnología y la adopción del conocimiento científico por parte del Sistema Agrobioindustrial (SAB).
Este último término, incorporado formalmente por el decreto, hace referencia a una visión integrada del agro argentino, donde ciencia, tecnología, producción y desarrollo territorial deben articularse en función de objetivos comunes.
Cambios en otros organismos del agro
Además del INTA, el decreto también redefine el rol del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), especialmente en lo que respecta a fiscalización y promoción de productos vitivinícolas. Se busca un mayor dinamismo en la regulación y apoyo a la industria, en momentos donde el sector enfrenta desafíos internos y externos.
Otros entes vinculados al agro también recibieron ajustes en su estructura y competencias, dentro del proceso de simplificación y recentralización impulsado por el Ejecutivo.
Un debate abierto en el Congreso
Aunque la nueva organización ya está en proceso de ejecución, la legalidad del decreto aún está en discusión legislativa. La Cámara de Diputados rechazó el DNU, y ahora el Senado deberá decidir si lo ratifica o también lo revierte, lo que abriría un nuevo escenario institucional.
Mientras tanto, las entidades del agro siguen de cerca el impacto de los cambios. Si bien valoran la necesidad de modernizar el Estado, advierten sobre el riesgo de una pérdida de capacidad territorial y técnica, especialmente en organismos como el INTA, que tienen un fuerte arraigo en zonas rurales.
La reestructuración del INTA y otros organismos agropecuarios representa una transformación de fondo en la gestión estatal del sector agroindustrial argentino. El Gobierno busca mayor eficiencia y concentración de funciones, pero el debate político sobre el DNU sigue abierto. En el centro de la escena queda una pregunta clave: ¿podrán estos cambios modernizar al Estado sin debilitar su presencia en el territorio ni su capacidad técnica?
