El Gobierno avanza con un fuerte recorte en el INTA y crece la tensión por posibles cierres y reducciones de personal
El Gobierno nacional volvió a colocar en el centro de la agenda su propuesta de “transformación” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), pese a los fallos judiciales y el freno legislativo que había enfrentado meses atrás. De acuerdo a lo publicado por La Nación, la administración Milei apunta ahora a un recorte que podría llegar a los 1700 trabajadores, bajo la modalidad de retiros voluntarios, como parte de una estrategia para “alinear al organismo a estándares de eficiencia”.
Según altas fuentes oficiales, el objetivo es revisar la estructura completa del instituto, que actualmente cuenta con 5822 empleados, aunque desde el gremio señalan que al inicio del gobierno eran 6600. Para el Ejecutivo, el INTA “sigue funcionando con una matriz pensada para hace 50 años”, y consideran necesario un rediseño que incluya no solo recortes, sino también nuevas funciones asociadas a tecnologías actuales del agro.
Centros de investigación bajo evaluación
En Casa Rosada sostienen que el proceso de revisión podría implicar el cierre de agencias o centros experimentales, especialmente aquellos que, según su visión, “no justifican su infraestructura” o muestran resultados insuficientes para las necesidades productivas actuales. La idea, remarcan, no es solo “achicar”, sino “redimensionar”.
Sin embargo, desde la Asociación del Personal del INTA (Apinta) advierten que el recorte ya viene ocurriendo: 822 empleados dejaron el organismo en los últimos meses, entre renuncias, jubilaciones y retiros. Para el gremio, avanzar con más bajas “pondría en riesgo el funcionamiento básico del instituto”, especialmente en regiones donde el personal quedó muy reducido.
Fuerte rechazo sindical y denuncias por ingreso de nuevos jerárquicos
Las declaraciones del presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, durante visitas internas —cuando afirmó que el organismo “debe funcionar con menos gente que la que tenía”— alimentaron el temor entre los trabajadores. “No es viable un nuevo proceso de retiros voluntarios ni pases a disponibilidad”, alertó Mario Romero, secretario general de Apinta.
Julieta Boedo, delegada de ATE, fue aún más crítica y aseguró que el plan se reactivó “con un Consejo Directivo alineado totalmente al Gobierno”. A su vez, denunció que mientras se promueve el achique, “se siguen incorporando funcionarios sin concurso”, rompiendo una tradición de siete décadas. Para los gremios, la situación anticipa “otro diciembre negro” para el sector estatal.
Revisión estructural y tensiones en el Consejo Directivo
Pese al clima conflictivo, el nuevo Consejo Directivo avanzó en una agenda de análisis interno, aunque sin resoluciones concretas. Una de las novedades es la incorporación de un esquema de macrorregiones, que distribuirá a los consejeros por zonas para reforzar el vínculo con el interior. Romero destacó este punto como un avance, ya que permitiría reducir la “desconexión” histórica entre las decisiones centrales y las necesidades locales.
Uno de los focos más sensibles es la estación experimental del AMBA, en Castelar, donde el Gobierno impulsaba un cierre parcial. No obstante, un amparo judicial dictado por la jueza Martina Forns impide cualquier avance administrativo. Actualmente quedan unos 30 trabajadores que aún no han sido trasladados.
Venta de tierras: un límite que aparece en las provincias
Otro capítulo delicado es el de la posible venta de tierras del INTA. Mientras desde Nación se mantiene esa opción sobre la mesa, las provincias ya manifestaron su negativa a ceder terrenos del organismo, al considerar que forman parte de su capital estratégico. Según Romero, cualquier intento de venta deberá pasar por las regiones, donde “la resistencia es total”.
En paralelo, el gremio alertó sobre el presupuesto para 2026: aunque tendrá un 30% más que en 2025, lo consideran insuficiente para sostener actividades básicas. De ser necesario, anticipan que el Gobierno podría requerir ampliaciones durante el año para evitar un deterioro operativo mayor.
Un organismo clave en medio de la incertidumbre
El INTA —integrado por representantes del Estado, entidades del agro y el ámbito académico— se encuentra en una encrucijada. Mientras el Gobierno insiste en una reforma estructural profunda, los trabajadores temen que el ajuste comprometa áreas esenciales, desde investigación hasta extensión rural.
En un escenario de alta tensión y con definiciones aún pendientes, el destino final del organismo parece depender de las próximas decisiones políticas y de la reacción del sistema científico y productivo, que sigue de cerca cada movimiento del Ejecutivo.
