INTA activa plan de retiros voluntarios en marco de reestructuración
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanza en un plan de retiros voluntarios como parte de un proceso de reestructuración que busca optimizar su estructura y funcionamiento. La medida fue aprobada por el Consejo Directivo (CD) del organismo y se espera que el programa pueda comenzar a regir a partir del 1° de marzo próximo, una vez que la Dirección General de Administración (DGA) presente el plan definitivo para su análisis.
Desde entidades que integran el Consejo se expresó preocupación por la posible pérdida de cuadros técnicos altamente especializados, por lo que se solicitó que el esquema de retiros se instrumente de manera ordenada, garantizando que la medida no afecte el rol técnico ni operativo del organismo.
Alcance del plan y cifras de personal
Según los datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el INTA cuenta actualmente con 5.791 empleados. La intención del Gobierno sería reducir alrededor de 1.700 puestos a través de bajas, retiros voluntarios, cesantías, renuncias y jubilaciones. Hasta la fecha, desde que asumió la nueva gestión, ya se registraron 878 bajas.
Julieta Boedo, delegada de ATE, calificó la situación como “alarmante”. “Una vez conocido el saldo del retiro voluntario, tendremos que estar atentos ante posibles nuevas bajas o despidos”, advirtió, reflejando la inquietud dentro del personal.
Revisión de programas y estructura interna
A fines de 2025, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, presentó un plan de achique y reorganización del organismo a la Mesa de Enlace, en conjunto con representantes de la Secretaría de Agricultura. La hoja de ruta contempla siete ejes generales y un cronograma de trabajo que se extenderá hasta abril de 2026.
Entre los puntos más destacados se encuentra la revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo para decidir su continuidad, reformulación o cierre. Además, se propone reorganizar los 15 centros regionales actuales hacia cuatro o cinco macrorregiones administrativas, evaluando también el funcionamiento de estaciones experimentales y agencias para detectar duplicidades y mejorar la eficiencia operativa, sin establecer cierres automáticos.
Otro aspecto del plan es la baja de todas las cooperadoras vinculadas al INTA, aunque aún no se definieron detalles operativos sobre cómo se llevará adelante esta medida.
Predios y tierras en revisión
El Gobierno también busca la venta de siete predios del INTA, incluyendo uno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que quedará a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Los otros seis predios se encuentran en Catamarca, Chaco-Formosa, Buenos Aires Norte, Mendoza, Patagonia Norte y Santiago del Estero. En estos casos se anticipa un mecanismo similar al del AMBA, que podría incluir traslados de personal, y se aclaró que varios terrenos son campos anexos.
Un documento oficial reveló que se apunta a la “desafectación” de 33.836 hectáreas, actualmente en desuso. La auditoría determinó que estos campos no tienen utilidad para experimentación y cumplen con los requisitos dominiales para ser desafectados, dentro de un total de 42.000 hectáreas sin actividad productiva o experimental.
Consejo Directivo y participación del sector
El Consejo Directivo del INTA está compuesto por representantes del Estado y de organizaciones del sector agropecuario y académico. Además de Bronzovich y el vicepresidente Carlos Alberto Vera, participan vocales de la Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, CREA, Coninagro y distintas facultades de Agronomía.
Por el momento, faltan las designaciones de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y las Facultades de Veterinaria, cuya ternas ya fueron enviadas pero aún no elegidas por el Gobierno.
El plan de retiros voluntarios forma parte de una reforma estructural ambiciosa, que busca eficiencia y reducción de costos, pero genera preocupación por la posible pérdida de capital humano especializado. La implementación y el seguimiento de este programa serán claves para que el INTA mantenga su capacidad técnica y operativa, mientras se ajusta a las prioridades del Estado y se asegura el uso eficiente de los recursos y predios.
