Achique estatal: el INTA pierde tierras en Salta tras nueva resolución
El Estado nacional oficializó la desafectación de dos inmuebles, pertenecientes al Instituto Nacional del Agua (INA) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), considerados “innecesarios” para la gestión de los organismos. La medida fue formalizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a través de la Resolución 88/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de la política de racionalización y mejor aprovechamiento del patrimonio inmobiliario del Estado.
Predios desafectados
Uno de los terrenos se ubica en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, bajo jurisdicción del INA. Se trata de una fracción con construcciones en desuso, que incluye maquetas hidráulicas y una edificación abandonada, cuya utilidad para el organismo se considera nula.
El otro inmueble corresponde al INTA, situado en Cerrillos, provincia de Salta, y consiste en tierras agrícolas sin edificaciones que actualmente se utilizan para cultivos de soja y maíz. La resolución aclara que el terreno mantiene actividad vinculada al Gasoducto Cobos-Boroquímica, lo que limita su aprovechamiento edilicio en parte de la superficie.
Relevamiento y consenso
La decisión de desafectar los predios se adoptó tras relevamientos técnicos y con el consentimiento de los organismos involucrados. Tanto el INA como el INTA manifestaron que los inmuebles ya no resultaban necesarios para sus actividades, y respaldaron la medida de AABE.
Según la normativa, los predios desafectados permanecerán bajo custodia de los organismos de origen hasta que se defina un nuevo destino, asegurando su resguardo y disponibilidad. Esto implica que, aunque ya no formen parte activa de la estructura funcional de las instituciones, se mantendrán conservados y bajo control estatal.
Política de racionalización estatal
La desafectación de estos bienes se enmarca en una política más amplia de racionalización del patrimonio estatal, orientada a optimizar la utilización de los inmuebles y reducir los costos de mantenimiento de propiedades sin uso. La AABE, como organismo encargado de administrar los bienes del Estado, prioriza la identificación de inmuebles ociosos o infrautilizados, para luego destinarlos a fines productivos, institucionales o de desarrollo estratégico.
El caso de Salta es especialmente relevante por tratarse de tierras agrícolas activas, que históricamente formaron parte de la gestión territorial del INTA, pero cuya utilización para investigación o experimentación ya no se considera prioritaria. La medida podría abrir la puerta a un nuevo destino productivo o institucional del predio, aunque hasta el momento no se ha definido.
Contexto y antecedentes
En los últimos años, la administración estatal ha intensificado procesos de revisión y desafectación de inmuebles en todo el país, identificando propiedades bajo uso limitado o abandono. Esto incluye edificios con infraestructura obsoleta, predios agrícolas sin actividad relevante y terrenos urbanos o periurbanos que podrían tener un mejor aprovechamiento económico o social.
En este sentido, la desafectación de los predios del INA y el INTA refleja la búsqueda de eficiencia en la gestión de activos públicos, asegurando que el patrimonio estatal cumpla un rol activo en la economía y la producción, y no se mantenga inactivo o subutilizado.
Impacto y seguimiento
Mientras se define un nuevo destino para ambos inmuebles del INA e INTA, las entidades responsables deberán garantizar la custodia y la preservación de los bienes. Esto incluye el mantenimiento de la infraestructura existente, la supervisión de los terrenos agrícolas y la protección de la seguridad de los sitios.
El proceso también permitirá a la AABE y a los organismos involucrados planificar mejor los recursos y enfocar sus esfuerzos en proyectos prioritarios, liberando propiedades que no resultan estratégicas para la actividad institucional.
La medida sobre los predios del INA y el INTA marca un paso más en la racionalización de los activos del Estado, alineada con políticas de eficiencia y optimización de recursos, y sienta un precedente sobre cómo se gestionarán los inmuebles considerados innecesarios, combinando custodia, seguridad y eventual reaprovechamiento productivo o institucional.
