INTA: la Justicia acusa al Gobierno de “desobediencia” por avanzar con despidos
El conflicto en torno al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sumó un nuevo capítulo judicial. Pese a la cautelar que había frenado el decreto 462/2025 y al rechazo definitivo de la medida en el Congreso, el Poder Ejecutivo avanzó con el pase a disponibilidad de unos 300 trabajadores, lo que la Justicia considera un acto de “desobediencia”.
La jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, intimó nuevamente al Gobierno a revertir de inmediato la medida y advirtió que, de no hacerlo, se aplicará una multa de $10 millones diarios.
La orden judicial inicial
En su fallo original, Forns había dispuesto que el Estado “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”.
La cautelar respondía a la presentación de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), que denunció que la transformación del organismo en un ente “desconcentrado” bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura implicaba la pérdida de autarquía y la amenaza de recortes laborales y presupuestarios.
El avance del Ejecutivo
Sin embargo, apenas un día después de notificada la medida, el Poder Ejecutivo dispuso el pase a disponibilidad de alrededor de 300 agentes del INTA. La decisión encendió las alarmas en el gremio y motivó un nuevo planteo judicial de APINTA.
A partir de esa presentación, la jueza Forns concluyó que el Gobierno incurrió en un acto de “desobediencia” al incumplir su orden. En consecuencia, dispuso que la disposición quede suspendida y advirtió con sanciones económicas millonarias si no se revierte la situación de los trabajadores afectados.
Las posibles sanciones
En su nueva resolución, Forns estableció que el incumplimiento dará lugar a una multa de $10 millones diarios a favor de los empleados perjudicados. Además, dejó abierta la posibilidad de remitir copias a la Justicia Penal Federal para que se investigue la eventual comisión del delito de desobediencia por parte de las autoridades responsables.
De esta manera, el conflicto escala a un nivel más delicado, ya que la discusión trasciende lo administrativo y se convierte en un potencial caso penal contra funcionarios del Ejecutivo.
El rol del Congreso y el rechazo político
El revés judicial se suma al rechazo que el decreto 462/2025 tuvo en el Congreso, donde no logró respaldo político. La doble negativa —legislativa y judicial— dejó al Gobierno prácticamente sin margen de maniobra para aplicar la reestructuración del INTA.
No obstante, la decisión de avanzar con despidos pese a la prohibición refuerza la confrontación institucional y expone al Ejecutivo a sanciones económicas y legales cada vez más graves.
La reacción de APINTA y el sector
Desde la Asociación del Personal del INTA celebraron la decisión de la magistrada y remarcaron que “el fallo protege la estabilidad de miles de trabajadores en todo el país”. El gremio insiste en que la transformación impulsada por el decreto era un paso hacia el vaciamiento del organismo, con riesgo de pérdida de capacidades científicas y tecnológicas estratégicas para el agro argentino.
El INTA, con más de 60 años de historia y presencia en todas las provincias, es reconocido como un organismo clave en investigación, desarrollo e innovación tecnológica aplicada al agro. Productores y entidades rurales también expresaron su preocupación por cualquier medida que implique debilitar sus capacidades de extensión y transferencia al sector productivo.
Una pulseada abierta
Por ahora, el Gobierno está obligado a retrotraer el pase a disponibilidad de los 300 trabajadores y a abstenerse de aplicar cualquier medida derivada del decreto. La multa diaria de $10 millones funciona como una presión adicional para garantizar el cumplimiento.
Lo que se discute, en definitiva, es el modelo de Estado y de política científica para el agro argentino. Mientras la Justicia refuerza la protección de la autarquía del INTA, el Ejecutivo queda bajo la lupa por insistir en avanzar pese a las prohibiciones formales.
