INTA: el presidente Bronzovich no podrá modificar personal hasta 2026
El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, recibió hoy una notificación que lo limita en la toma de decisiones sobre recursos humanos y organización interna. La comunicación llegó desde la Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, Marta Novoa, en el marco de un fallo judicial que favorece a los gremios del instituto.
Se trata de una medida cautelar presentada por la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), destinada a frenar los despidos y reestructuraciones que la gestión del Poder Ejecutivo nacional buscaba implementar a través del Decreto N° 462/2025.
El decreto, impulsado por el exfuncionario Federico Sturzenegger, modificó la estructura de varios organismos públicos, entre ellos el INTA e INTI, y además disolvió el INASE. La norma contemplaba cambios que incluían cesantías, traslados y reorganización de estaciones experimentales, pero ahora su aplicación queda suspendida.
La medida cautelar y sus alcances
La jueza Federal Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, resolvió dar curso a los recursos presentados por los gremios. Según la resolución, el Estado Nacional “deberá abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del Decreto N° 462/2025, artículos 59 a 69”.
Esto implica que Bronzovich no podrá realizar modificaciones en el personal del INTA que incluyan reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras. La prohibición se extiende por seis meses desde la notificación, es decir, hasta fines de febrero de 2026.
La resolución también deja sin efecto la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía, que había pasado a disponibilidad a casi 300 trabajadores del INTA. De aplicarse dicha resolución, la gestión de Bronzovich estaría incumpliendo la decisión judicial.
Restricciones sobre la estructura del INTA
Además de los recursos humanos, Bronzovich queda limitado para realizar cualquier modificación en la infraestructura del INTA. Esto incluye el cierre de estaciones experimentales u otras dependencias existentes, consolidando así la autarquía del organismo mientras dure la medida cautelar.
La jueza también amplió la medida cautelar y fijó sanciones económicas por incumplimiento, estableciendo multas de 10 millones de pesos por cada día en que se violen las disposiciones de la resolución. Esto refuerza la obligatoriedad de la observancia inmediata por parte de la administración del INTA y del Estado.
Con esta decisión, la justicia federal vuelve a intervenir en la administración del INTA, reafirmando la protección de los derechos de los trabajadores y el control sobre cambios estructurales impulsados por el gobierno.
Reacciones y contexto
El fallo se enmarca en un contexto de tensiones entre los gremios y la gestión del Poder Ejecutivo, que busca reordenar los recursos humanos y administrativos del instituto a través de la reestructuración. Los sindicatos consideran que los despidos y cambios planteados eran perjudiciales para el personal y la operatividad del organismo.
Para Bronzovich, la medida significa un “atasco operativo” en la gestión del INTA, ya que cualquier intento de modificación queda condicionado por la vigilancia judicial. La imposibilidad de aplicar cambios en el personal o la estructura limita la capacidad del instituto para ejecutar proyectos estratégicos durante el período de restricción.
Desde el Ministerio de Economía, a través de Marta Novoa, se notificó formalmente a Bronzovich, asegurando que la resolución judicial debe cumplirse de manera estricta para evitar sanciones económicas significativas. La comunicación destaca la obligatoriedad de la observancia inmediata y la imposición de multas por incumplimiento.
Impacto en el instituto
El INTA, un organismo clave en investigación y desarrollo agroindustrial, queda con autonomía parcial mientras dure la medida cautelar. Esto protege al personal y evita despidos masivos, pero también limita la capacidad de implementación de políticas y reestructuraciones internas.
Para los gremios, la resolución judicial es una victoria, ya que garantiza que no se producirán cambios en la plantilla hasta 2026 y que los derechos de los trabajadores serán respetados.
