El agro cuestiona el proyecto de Ley Fiscal bonaerense y su impacto en el Inmobiliario Rural
La presentación del proyecto de Ley Fiscal 2026 por parte del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires abrió un nuevo frente de conflicto con el sector agropecuario. La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su preocupación ante la posibilidad de que el gobernador Axel Kicillof obtenga atribuciones ampliadas para modificar aspectos clave del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), lo que —según advierten— implicaría un salto hacia un esquema tributario menos previsible y con mayor discrecionalidad oficial.
Un proyecto que reaviva la tensión entre el campo y la provincia
El texto enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura propone una serie de modificaciones que, de ser aprobadas sin cambios, otorgarían al gobierno facultades para intervenir en cuestiones centrales del Inmobiliario Rural. La SRA salió rápidamente a expresar su rechazo, señalando que las definiciones del tributo deben quedar bajo la órbita del Poder Legislativo.
En un comunicado firmado por su presidente, Nicolás Pino, la entidad ruralista sostuvo que el proyecto “traslada facultades centrales al Ejecutivo, generando un marco de incertidumbre que afecta la previsibilidad de quienes producimos en la provincia”. Para el sector, la estabilidad en materia impositiva es un elemento estratégico en la planificación productiva, por lo que cualquier variación inesperada puede alterar decisiones de inversión y comprometer la rentabilidad.
Los artículos que generan mayor preocupación
Entre los puntos más cuestionados figura el Artículo 133, que habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones fiscales de los inmuebles rurales. Según la SRA, esta facultad podría ejercerse sin criterios consensuados ni un plan de revalúo previamente acordado, lo que dejaría a los contribuyentes expuestos a cambios sorpresivos en la base imponible del impuesto.
La entidad también advirtió sobre el Artículo 167, que permitiría modificar durante el ejercicio fiscal las cuotas no vencidas del tributo. Este punto es especialmente sensible para productores que planifican su flujo financiero en función de cuotas establecidas al inicio del año. “Modificar pagos dentro del mismo período afecta nuestra capacidad de planificación”, cuestionó la Rural.
Otro aspecto mencionado en el comunicado es el esquema de bonificaciones, que —según la entidad— continúa sin parámetros claros, ya que la ley propuesta no fija porcentajes ni condiciones específicas, dejando amplio margen para decisiones discrecionales del Ejecutivo.
La SRA pide límites claros y una mayor intervención legislativa
Ante este panorama, la Sociedad Rural afirmó que el proyecto genera un escenario de “inseguridad normativa”, al no establecer marcos precisos ni límites definidos para la autoridad provincial. Por ello, instó a los legisladores bonaerenses a “asumir plenamente su responsabilidad constitucional” y fijar por ley todos los criterios y alcances vinculados al Inmobiliario Rural, en lugar de delegarlos al Ejecutivo.
La entidad sostiene que la legislación en torno al Inmobiliario Rural debe ser clara, estable y previsible, y que cualquier delegación excesiva de competencias puede abrir la puerta a incrementos impositivos inesperados o modificaciones abruptas en el cálculo del tributo.
El reclamo por las inundaciones y el contexto productivo
La discusión sobre el Inmobiliario Rural ocurre en un momento particularmente complejo para el agro bonaerense. La SRA recordó que mientras se debate la Ley Fiscal, amplias zonas del centro-oeste provincial permanecen bajo agua debido a las inundaciones, con miles de hectáreas declaradas en emergencia y desastre agropecuario.
En ese marco, la entidad cuestionó que la provincia esté avanzando en modificaciones del Inmobiliario Rural sin haber dado respuestas concretas a los productores afectados. Según remarcaron, el gobierno debería estar enfocando sus esfuerzos en obras de infraestructura que mitiguen eventos climáticos extremos y en aliviar la carga tributaria sobre quienes hoy enfrentan graves dificultades productivas.
La Rural concluyó que la situación se agrava por el “alto tributo” derivado de la Ley Fiscal aprobada en diciembre de 2023 y prorrogada el año pasado, que incorporó adicionales extraordinarios como una quinta cuota. Ese antecedente, sumado a las nuevas propuestas, lleva a la entidad a reiterar su demanda por un Inmobiliario Rural “transparente, estable y plenamente definido por ley”, sin modificaciones inesperadas.
