Incendios rurales: una crisis estructural que supera los 10.000 focos por año
La Argentina enfrenta más de 10.000 incendios rurales anuales de manera sostenida, una cifra que expone la magnitud de un problema que dejó de ser excepcional para convertirse en estructural. Desde la Comisión Técnica Forestal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) advierten que el enfoque reactivo ya no alcanza y que el país necesita una política permanente de prevención y gestión del riesgo.
En un documento técnico reciente, la entidad puso el foco en la Patagonia, con mención a regiones como la Patagonia Norte, el Parque Nacional Los Alerces y amplias áreas afectadas en Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. La reiteración de incendios y la severidad creciente obligan, según los especialistas, a replantear la estrategia actual.
Una secuencia que se repite y se agrava
El diagnóstico del CPIA cuestiona la naturalización del problema. “Se fue normalizando la recurrencia de estos eventos catastróficos”, señalaron, y remarcaron que no se observan cambios sustantivos en las estrategias de abordaje pese a resultados devastadores.
Las cifras históricas refuerzan esa preocupación. En 2016-2017 se quemaron más de 2.000.000 de hectáreas; en 2020, uno de los años más críticos, la superficie afectada superó 1.150.000 hectáreas; y en 2021-2022 se registraron aproximadamente 1.054.000 hectáreas incendiadas, con un impacto particularmente fuerte en Corrientes, donde el fuego arrasó cerca de 934.000 hectáreas.
Para los ciclos 2024-2025 y 2025-2026 la tendencia no mostró señales de reversión. Solo en enero último, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego reportó más de 140.000 hectáreas devastadas, con 73.000 en La Pampa y 55.000 en Chubut. La persistencia de estos incendios confirma que no se trata de episodios aislados, sino de una dinámica instalada.
Impacto climático y factores humanos
Los profesionales advierten que la problemática se ve agravada por condiciones climáticas extremas, como sequías prolongadas y olas de calor, que incrementan la disponibilidad de material combustible. Sin embargo, subrayan que una proporción mayoritaria de los incendios tiene origen humano, ya sea por negligencia o por acción intencional.
En este sentido, sostienen que el fuego no puede seguir siendo catalogado únicamente como desastre natural. “En su inmensa mayoría son hechos prevenibles”, remarcan, al tiempo que reclaman una respuesta integral que contemple tanto la dimensión ambiental como la social y penal.
El costo económico de cada hectárea perdida
Más allá del impacto ecológico de los incendios, las pérdidas económicas resultan millonarias. Un informe técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estimó que en un campo modal de 650 hectáreas del sur bonaerense las pérdidas directas pueden oscilar entre USD 310.277, con una afectación del 30%, y más de USD 1.034.255 en caso de destrucción total.
En la zona costera de Chubut, el panorama es aún más dramático. Para un establecimiento ganadero de 10.000 hectáreas, las pérdidas podrían superar los USD 11 millones en un escenario crítico. Estas cifras evidencian que el daño trasciende al productor individual y compromete la estabilidad económica regional.
Además del golpe financiero, entran en juego la seguridad alimentaria, la degradación de ecosistemas y la afectación de infraestructura rural. Cada temporada crítica de incendios deja secuelas productivas que pueden extenderse durante años.
De la reacción a la prevención activa
El CPIA reconoció la labor de brigadistas y equipos de combate, pero cuestionó que el aumento del presupuesto destinado a la extinción sea considerado la principal respuesta. “Mientras el país continúe concentrando sus esfuerzos casi exclusivamente en combatir incendios ya declarados, seguirá lamentando pérdidas humanas y ambientales”, advirtieron.
La entidad propone un giro hacia la prevención activa como eje central de la política pública. Entre las medidas sugeridas figuran el patrullaje preventivo permanente con fuerzas federales y provinciales, el uso intensivo de tecnología —como drones, monitoreo satelital y cámaras térmicas— y el ordenamiento territorial en zonas de alto riesgo.
También destacan la necesidad de educación y concientización ciudadana, manejo sostenible de bosques nativos para reducir la carga combustible y una persecución penal más eficaz con sanciones ejemplarizadoras. El objetivo es actuar antes de que el fuego se inicie, no solo cuando ya está fuera de control.
