Incendios en la Patagonia: el Gobierno gira $100.000 millones a Bomberos Voluntarios y evalúa declarar la Emergencia Ígnea
Los incendios forestales que azotan a la Patagonia desde hace semanas escalaron al centro de la agenda política nacional. La magnitud de los focos activos, su extensión territorial y la dificultad para contenerlos llevaron a los gobernadores de la región a exigir una respuesta más contundente del Gobierno nacional, que este jueves dio un primer gesto concreto con una millonaria transferencia de fondos al sistema de Bomberos Voluntarios.
Mientras se analiza una eventual declaración de Emergencia Ígnea, incluso a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Casa Rosada busca descomprimir tensiones con las provincias y reforzar los recursos disponibles para el combate del fuego.
Una resolución clave en medio de la crisis
En la madrugada del jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva. La norma establece un ambicioso esquema de financiamiento para fortalecer el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país, en un contexto atravesado por emergencias ambientales de gran escala.
Según lo dispuesto, las asociaciones de Bomberos Voluntarios de primer grado recibirán más de $100.800 millones, que serán distribuidos entre 1.062 entidades. Cada una percibirá aproximadamente $94,9 millones, destinados a la compra de equipamiento, vestimenta, materiales, mantenimiento y otros insumos esenciales para tareas de protección civil y lucha contra incendios.

Fondos para federaciones y capacitación
La resolución también contempla transferencias para las entidades de segundo grado. Las federaciones provinciales recibirán $7.754 millones para gastos de funcionamiento, representación institucional y cumplimiento de obligaciones legales, con una distribución proporcional a la cantidad de asociaciones afiliadas en cada distrito.
Además, se asignó otro monto idéntico para programas de capacitación, tanto de bomberos voluntarios como de directivos de las instituciones, en el marco de la Ley Nacional N° 25.054. El objetivo es profesionalizar y actualizar los conocimientos frente a escenarios cada vez más complejos y frecuentes de incendios forestales.
El reclamo político de los gobernadores patagónicos
La firma de la resolución coincidió con un fuerte reclamo político de los gobernadores del sur. Mandatarios de distintos espacios como Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) solicitaron formalmente al Congreso la declaración de la Emergencia Ígnea a nivel nacional.

Si bien desde el Gobierno aseguran que la medida económica no fue consecuencia directa del pedido, reconocen que busca amortiguar críticas crecientes sobre la respuesta oficial frente a los incendios. “Las balas entraron”, admiten en despachos nacionales, en referencia al costo político del tema.
Gestos políticos y negociaciones en marcha
El contexto legislativo también pesa en la decisión. Varios de los gobernadores patagónicos son aliados clave del oficialismo para avanzar con proyectos sensibles durante las sesiones extraordinarias, como la reforma laboral. En ese escenario, un conflicto abierto por la falta de asistencia ante los incendios podía complicar acuerdos futuros.
Aunque el desembolso representa un acercamiento concreto, los gobernadores aún no manifestaron públicamente si consideran suficiente la medida para combatir los incendios. En las provincias circula la versión de que el Ejecutivo podría cerrar el debate con un DNU que declare la Emergencia Ígnea, evitando así un tratamiento legislativo prolongado.

Refuerzos específicos y alcance nacional
En paralelo, Chubut confirmó la recepción de $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al ser una de las provincias más afectadas por los incendios recientes. A su vez, la Agencia Federal de Emergencias recibirá más de $2.584 millones para fiscalización, centros regionales, movilidad, formación de instructores y subsidios extraordinarios.
El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios también fue incluido con dos partidas superiores a los $10.000 millones en total, destinadas al funcionamiento institucional y al desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación.
La resolución prioriza a las asociaciones con documentación en regla y da preferencia a provincias con menor cantidad de entidades ante emergencias federales. En medio del fuego, el financiamiento llega como un alivio, aunque la discusión de fondo sobre prevención, respuesta y políticas ambientales sigue abierta.
