El Gobierno desregula el mercado eléctrico y habilita inversiones privadas para ampliar la red
En una decisión que marca un giro radical en la política energética del país, el Gobierno Nacional desreguló el mercado eléctrico a través del decreto 450/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida busca fomentar la competencia, facilitar el ingreso de inversiones privadas y transparentar el sistema de facturación para los usuarios finales.
La decisión del mercado eléctrico se enmarca en un proceso más amplio de reestructuración institucional, que ya había comenzado con la unificación del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) en un único organismo. Ahora, la reforma apunta directamente al corazón del sistema eléctrico, proponiendo una apertura total del mercado, tanto en la generación como en el transporte de la energía.
Apertura total y libre contratación del mercado eléctrico
Entre los puntos centrales del decreto sobre el mercado eléctrico, se destaca la apertura total al comercio internacional de energía eléctrica. A partir de ahora, el Estado solo podrá intervenir para objetar operaciones de importación o exportación por razones técnicas o de seguridad del suministro, lo que representa un cambio drástico respecto del modelo anterior, más restrictivo y centralizado.
Además, se restablece la posibilidad de celebrar contratos de compraventa entre privados, que había sido limitada en 2013. Esta medida apunta a generar condiciones de previsibilidad, estabilidad y atracción de inversiones de largo plazo en un sector considerado estratégico para la reactivación económica.
Uno de los cambios más significativos para el mercado eléctrico es que se ratifica la libre elección del proveedor de electricidad por parte de los usuarios finales. “A partir de ahora, el consumidor podrá decidir con quién contratar su energía, sin trabas regulatorias ni operativas”, señalaron desde el Ministerio de Economía. La medida se alinea con experiencias internacionales en mercados desregulados como los de Chile, Perú o España.
Transparencia en la facturación
Otro de los pilares del decreto sobre la mercado eléctrico es la transparencia en la facturación. Se establece que las facturas deberán detallar exclusivamente los bienes y servicios efectivamente prestados. Quedan prohibidos los tributos de orden local o cargos que no estén directamente vinculados al consumo eléctrico, lo que apunta a evitar la inclusión de tasas municipales o ítems ajenos al servicio.
Esto podría tener un fuerte impacto en varias jurisdicciones del mercado eléctrico donde los municipios incluían en la boleta de luz impuestos, tasas o cargos adicionales que, en muchos casos, duplicaban o triplicaban el valor de la energía consumida.
Inversiones privadas y expansión de la red
La desregulación del mercado eléctrico también incluye un ambicioso plan de expansión del sistema de transporte eléctrico a través de la inversión privada. El Gobierno habilitó múltiples alternativas para el desarrollo de infraestructura, incluyendo la libre iniciativa empresarial a propio riesgo. Esto significa que cualquier empresa podrá proponer, financiar y ejecutar obras, bajo un esquema de concesión.
El plan oficial contempla la incorporación de 5.610 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, lo que representa una expansión del 38,3% respecto de la actual extensión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Se trata de un paquete de obras prioritarias, estimado en más de US$ 6.600 millones, que busca resolver cuellos de botella históricos y garantizar la estabilidad y cobertura energética a nivel nacional.
Período de transición y adecuación normativa
El decreto establece un período de transición de 24 meses para que se adecue toda la normativa complementaria y se garantice una implementación “gradual, ordenada y previsible”. Durante este lapso, los entes reguladores deberán coordinar con las provincias, empresas distribuidoras y generadoras para adaptar el marco regulatorio vigente a los nuevos lineamientos.
Con esta reforma, el Gobierno busca posicionar al sector energético como motor del desarrollo económico y la competitividad. No obstante, especialistas advierten que será clave monitorear el impacto sobre las tarifas, el acceso de los usuarios residenciales al nuevo esquema y la coordinación con las provincias para evitar conflictos de jurisdicción.
