Ganadería 2025: el Gobierno eliminó el régimen de promoción ovina
En una nueva avanzada para la ganadería dentro de su política de recorte y desregulación del Estado, el Gobierno nacional oficializó este miércoles la disolución del régimen de promoción de la ganadería ovina, junto a otros programas específicos que hasta ahora respaldaban actividades agropecuarias de menor escala pero alta relevancia regional. La medida fue formalizada mediante el Decreto 408/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Además de la ganadería ovina, también fueron eliminados programas dedicados al desarrollo de la sericicultura (producción de gusanos de seda), la cría de cabras, búfalos y bovinos en zonas áridas y semiáridas, así como los respectivos registros y comisiones técnicas que regulaban o asesoraban estos regímenes.
Un recorte que impacta en la ganadería
El Régimen de Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, establecido por la Ley 25.422 y prorrogado en diversas oportunidades desde 2001, era uno de los instrumentos más antiguos y activos en el acompañamiento al sector ovino, particularmente en regiones patagónicas y de montaña. Bajo su esquema, se otorgaban Aportes Reintegrables y No Reintegrables a productores para mejorar la genética, la sanidad, el manejo del pastizal y la infraestructura.
Ahora, tanto el régimen como la Comisión Asesora Técnica que lo respaldaba quedan eliminados, al igual que los programas vinculados a la producción caprina (Ley 26.141), bovina en zonas áridas (Ley 27.066), bubalina (Ley 27.076) y sericultura (Ley 25.747). También se derogaron los Registros Nacionales correspondientes y los Consejos Federales que articulaban políticas con provincias y organizaciones de base.
Los fundamentos oficiales: eficiencia y reconversión
Desde el Ejecutivo se justificó esta eliminación masiva de políticas públicas sectoriales bajo los principios de “eficiencia” y “modernización del Estado”. En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que estos regímenes de fomento fueron diseñados en contextos productivos, institucionales e históricos diferentes al actual, y que muchos de ellos ya no cumplían con objetivos medibles o sostenibles.
Según detalló la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en un comunicado posterior, “las condiciones que dieron origen a estos programas cambiaron sustancialmente”, y por ello se busca avanzar hacia “esquemas de fomento más integrales, flexibles y orientados a resultados”.
El texto cita como ejemplo el caso de la ganadería ovina: el stock nacional de ovejas disminuyó de 13 millones de cabezas en 2001 a 11,9 millones en 2025, pese a más de dos décadas de vigencia de la ley. Esto indicaría, a juicio del Gobierno, que el régimen no generó el impacto estructural esperado.
Respecto a la actividad caprina, el comunicado reconoció que la Ley 26.141 impulsó proyectos productivos y mejoró aspectos sanitarios y de comercialización, pero indicó que actualmente no se encontraba en ejecución activa y que su desempeño reciente “revela una pérdida de dinamismo”.
Sobre los regímenes bovino y bubalino, el Gobierno apuntó que la segmentación por especie o región agroecológica “fragmenta la estrategia ganadera” y complica el diseño de una política nacional coherente.
Críticas y preocupaciones en el interior
Más allá del discurso oficial, la eliminación de estos regímenes despierta preocupación en provincias del interior donde estas actividades son clave para la economía rural, particularmente en la Patagonia, el noroeste argentino y zonas de aridez donde el ganado ovino, caprino o bubalino tiene una fuerte presencia.
Las asociaciones de productores aún no se pronunciaron oficialmente, pero en años anteriores ya habían advertido sobre la fragilidad de estos sectores ante posibles recortes, debido a que gran parte de la inversión en mejora genética, infraestructura o sanidad dependía justamente de los aportes del Estado.
En paralelo, el decreto también plantea un cambio de enfoque: “la promoción del desarrollo productivo no puede basarse indefinidamente en subsidios o transferencias directas”, sino que debe apuntar a construir condiciones estructurales que permitan crecer de forma autónoma y competitiva, explicaron desde Agricultura.
Un giro con impacto a largo plazo
Con esta medida, el Gobierno profundiza su modelo de revisión de estructuras estatales y eliminación de políticas que considera ineficientes o redundantes. Ya lo había hecho en otras áreas, como ciencia, cultura o tecnología. Ahora, le toca al fomento productivo rural, con un mensaje claro: el impulso al agro ya no vendrá desde la ayuda pública directa, sino a través de incentivos de mercado y financiamiento privado.
Si bien el Ejecutivo promete nuevas líneas de crédito más modernas y orientadas a resultados, el desafío de este nuevo paradigma será garantizar que los pequeños y medianos productores, en regiones marginales, puedan sostener sus sistemas productivos sin depender de políticas específicas que los acompañaban desde hace décadas.
