Fitosanitarios: proyecto de ley busca equilibrio entre producción y cuidado ambiental
Los diputados Atilio Benedetti (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC) presentaron un proyecto de ley destinado a establecer presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de fitosanitarios en toda la Argentina. La iniciativa, elaborada junto con la Red de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que reúne a más de 80 instituciones del sector privado agropecuario, cuenta además con el respaldo de otros 20 legisladores de distintas fuerzas políticas.
El proyecto busca compatibilizar la actividad agrícola con la protección de la salud y del ambiente, ofreciendo un marco normativo uniforme que aporte previsibilidad, transparencia y confianza tanto a los productores como a la ciudadanía. Según los legisladores, esta medida llena un vacío regulatorio y permitirá que la producción agropecuaria se desarrolle de manera competitiva, innovadora y sostenible.
Los diputados destacaron que el proyecto de la ley de fitosanitarios tiene un carácter federal y plural, respaldado por consensos alcanzados entre instituciones del sector productivo, académico y social, lo que fortalece su legitimidad y viabilidad política. Benedetti, quien preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, podría facilitar el tratamiento legislativo del texto y su avance en el Congreso.
Fitosanitarios: una regulación nacional
Según Benedetti, la propuesta no responde únicamente a demandas sociales, sino que representa una apuesta estratégica para el futuro del sistema agroalimentario argentino, buscando un sector tecnológicamente innovador, competitivo y ambientalmente sostenible.
El núcleo de la iniciativa es la implementación de buenas prácticas de aplicación de fitosanitarios. Cada tratamiento deberá realizarse con equipos registrados, bajo condiciones meteorológicas adecuadas, respetando zonas de resguardo y con receta de un profesional matriculado.
Esto garantiza trazabilidad, responsabilidad técnica y seguridad, reduciendo riesgos de deriva y promoviendo un manejo responsable de los fitosanitarios frente a comunidades, cursos de agua y áreas naturales protegidas.
El proyecto establece un marco regulatorio con protecciones mínimas obligatorias en todo el país, sin afectar la potestad de las provincias de incrementar esas protecciones según su geografía y particularidades locales.
Zonas sensibles, exclusión y distancias mínimas
La ley define categorías territoriales como zonas sensibles, de exclusión y de amortiguamiento, que ordenan de manera objetiva y transparente el uso de fitosanitarios en relación con poblaciones, escuelas rurales, centros de salud y áreas de valor ambiental o cultural.
A modo de ejemplo, se establece que las distancias mínimas desde zonas sensibles sean de 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y de 45 metros para aplicaciones aéreas. Además, se refuerza la capacitación obligatoria y periódica de todos los actores involucrados en la aplicación de fitosanitarios, así como el control y registro de los equipos aplicadores.
Ferraro destacó que la propuesta se alinea con el mandato constitucional de preservar el ambiente y con los compromisos internacionales de desarrollo sostenible del país, garantizando protección de la salud, transparencia en la información y continuidad de la producción agropecuaria.
Insumos regulados y control de legalidad
La normativa contempla que los productos utilizados deban estar autorizados por el SENASA, incluyendo sus marbetes y hojas de seguridad. Esto asegura un control estricto sobre la legalidad y seguridad de los insumos, así como sobre los equipos aplicadores y la capacitación de quienes los operan.
Con estas disposiciones, la ley de aplicación de fitosanitarios busca elevar los estándares de seguridad y trazabilidad, proteger la salud y el ambiente, y brindar un marco uniforme para toda la actividad agropecuaria del país, respetando las particularidades provinciales y los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.
Hacia una agricultura más responsable
La iniciativa representa un paso significativo hacia un uso más responsable de los fitosanitarios, equilibrando la necesidad de productividad con la protección ambiental y sanitaria. La propuesta también aporta claridad regulatoria, algo clave para los productores, transportistas y profesionales que intervienen en la aplicación de agroquímicos.
En definitiva, el proyecto de aplicación de fitosanitarios busca garantizar que la agricultura argentina se desarrolle de manera segura, innovadora y sostenible, ofreciendo un marco normativo coherente para toda la nación y fortaleciendo la confianza tanto de los mercados internacionales como de la sociedad local.
