La FAUBA rechazó la reforma de la Ley de Glaciares
El Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) manifestó su rechazo unánime al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que actualmente se debate en el Congreso Nacional. A través de una declaración institucional, la casa de estudios expresó su preocupación por los posibles impactos que una modificación de la normativa podría generar sobre los ecosistemas de alta montaña y sobre la disponibilidad de recursos hídricos en el país.
Desde la institución académica advirtieron que los glaciares y el ambiente periglacial cumplen funciones ecológicas e hidrológicas fundamentales, ya que actúan como reservas estratégicas de agua y regulan el ciclo hidrológico en numerosas cuencas. En ese sentido, remarcaron que su preservación resulta clave no solo para el equilibrio ambiental, sino también para el bienestar social y el desarrollo productivo de distintas regiones argentinas.
En este contexto, la decana de la facultad, Adriana Rodríguez, participará de una audiencia pública en la que expondrá la posición institucional en defensa de la Ley de Glaciares vigente. El objetivo será presentar argumentos técnicos y científicos que respalden la importancia de mantener la protección de estos ecosistemas considerados esenciales para la seguridad hídrica del país.

El rol clave de los glaciares en la regulación del agua
Durante su intervención ante el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, Rodríguez advirtió que una eventual modificación de la Ley de Glaciares podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua en amplias zonas del territorio nacional. Según explicó, los glaciares y los ambientes periglaciales desempeñan un papel central en la regulación del ciclo del agua y en la recarga de cuencas hídricas.
“Modificar la Ley de Glaciares pone en riesgo la disponibilidad de agua para millones de personas”, sostuvo la decana. En ese sentido, remarcó que el debate trasciende la cuestión ambiental estricta, ya que la preservación de estos sistemas naturales también es determinante para el consumo humano, la producción agrícola y el riego, especialmente en regiones áridas y semiáridas del país.
La normativa vigente establece restricciones amplias para actividades productivas en zonas cordilleranas, con el objetivo de evitar intervenciones que puedan afectar estos ecosistemas sensibles. En particular, la ley protege no solo a los glaciares visibles, sino también al denominado ambiente periglacial, que incluye áreas cercanas donde se acumulan reservas de agua en forma de hielo o suelos congelados.

El debate entre protección ambiental y desarrollo productivo
Uno de los puntos centrales del debate legislativo gira en torno a la definición del ambiente periglacial, un concepto que algunos sectores consideran demasiado amplio. Quienes impulsan cambios en la Ley de Glaciares sostienen que esta categoría puede abarcar grandes extensiones de territorio de montaña, incluso en lugares donde no existen glaciares visibles.
Desde esta perspectiva, se argumenta que la amplitud de la definición podría limitar o impedir el desarrollo de proyectos productivos en regiones cordilleranas. Entre las actividades que podrían verse afectadas se mencionan emprendimientos mineros, proyectos energéticos y determinadas obras de infraestructura.
Asimismo, los críticos de la Ley de Glaciares vigente advierten que estas restricciones podrían condicionar el crecimiento económico de provincias andinas, donde ese tipo de iniciativas representan una fuente relevante de inversión, empleo y generación de recursos fiscales.

En ese marco, el debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares plantea el desafío de encontrar un equilibrio entre la protección de los ecosistemas de alta montaña y el aprovechamiento productivo de los recursos naturales. Mientras algunos sectores promueven ajustes para facilitar nuevas inversiones, desde ámbitos académicos como la FAUBA insisten en que cualquier modificación debe garantizar la preservación de reservas hídricas consideradas estratégicas para el futuro del país.
