Fallo histórico de YPF en Nueva York: la jueza Preska ordenó ceder el 51% de las acciones
En un nuevo capítulo del extenso litigio por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito Sur de Nueva York, dictó una resolución sin precedentes que podría cambiar el rumbo del conflicto: ordenó a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del juicio, encabezados por el fondo Burford Capital. Se trata de una medida que el país podrá apelar, pero que marca un punto de inflexión en el proceso judicial por el cual ya se había condenado al Estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones.
La noticia fue dada a conocer este lunes por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y uno de los analistas que sigue de cerca el caso, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter). El fallo responde a una moción presentada en abril por Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos a litigar de los antiguos accionistas Petersen Energía e Eton Park, quienes alegaron haber sido perjudicados por la forma en que se llevó adelante la estatización de la compañía en 2012.
La decisión judicial contra YPF
“La moción de los demandantes es concedida. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden”, establece el fallo. Además, instruye a BNYM a que realice la transferencia definitiva de esas acciones “a los demandantes o sus designados” en un plazo de un día hábil una vez que sean depositadas.
El texto del fallo también subraya el nivel de control que Argentina ejerce sobre la petrolera desde la expropiación. “Desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria”, señala Preska. Esto incluye la elección del directorio y la aprobación de iniciativas claves, lo que refuerza el argumento de los demandantes sobre el perjuicio económico ocasionado por no haberse realizado una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de la estatización.
Reacciones y consecuencias
El impacto de esta decisión generó revuelo inmediato en ámbitos jurídicos, financieros y políticos. Aunque el fallo aún puede ser apelado —y todo indica que lo será—, lo cierto es que se trata de una medida inédita. “La decisión es absolutamente sin precedentes, tanto que incluso el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un amicus curiae en respaldo de la posición argentina”, reveló una fuente con conocimiento directo del caso.
El fondo Burford había solicitado en los últimos meses no solo el control accionario, sino también medidas de embargo sobre bienes del Estado argentino en el exterior, en lo que se considera parte de una estrategia de presión para forzar una negociación favorable. Aunque aún no se ha producido la transferencia efectiva de acciones, el pronunciamiento de Preska incrementa sustancialmente la presión sobre el Gobierno argentino para avanzar en un acuerdo que evite el riesgo de pérdida de control sobre YPF.
Un litigio de larga data
El origen de la causa se remonta a la estatización de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino adquirió el 51% de las acciones de la empresa que estaban en manos de Repsol. Sin embargo, los fondos demandantes sostienen que Argentina violó el estatuto de la compañía al no realizar una oferta pública a los restantes accionistas, lo que desencadenó el proceso judicial en Nueva York.
Tras años de litigios, en 2023 Preska falló a favor de los demandantes y condenó al país a pagar más de USD 16.000 millones, cifra que representa una de las mayores sanciones económicas contra un Estado en tribunales extranjeros
Con este nuevo fallo, se abre una etapa crítica. El Gobierno argentino tendrá la posibilidad de apelar ante la Corte de Apelaciones, y todo indica que solicitará también la suspensión de los efectos del fallo hasta tanto se resuelva esa instancia. No obstante, la amenaza de perder el control accionario de YPF, considerado un activo estratégico, ya no es solo retórica.
Mientras tanto, la presión de los acreedores se intensifica y la Argentina enfrenta uno de los desafíos judiciales y financieros más importantes de las últimas décadas.
