Estafa millonaria en ganadería: allanaron un feedlot y recuperaron más de 1.000 cabezas compradas con cheques sin fondos
Una compleja maniobra de presunta estafa en la compraventa de ganadería, que incluyó el uso de cheques sin fondos, el traslado sistemático de hacienda entre provincias y un feedlot bajo investigación, quedó al descubierto tras un operativo judicial que permitió recuperar 1.060 animales valuados en unos $2.000 millones. La causa, que involucra a La Pampa, Buenos Aires, Córdoba y San Luis, comenzó a gestarse a mediados de 2025 y hoy se encuentra en plena etapa investigativa.
En qué consistió esta estafa en ganadería
Según informó la Fiscalía de La Pampa a LA NACIÓN, la investigación está a cargo del fiscal general Armando Agüero y del fiscal adjunto Matías Juan, y se inició a partir de una denuncia presentada en mayo del año pasado por la firma San Jorge Cereales y Hacienda SA, con sede en Rancul. La empresa denunció el desapoderamiento de 1.133 cabezas adquiridas mediante operaciones de ganadería pagadas con cheques sin fondos, por un monto estimado en $800 millones.
Los principales imputados son Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, una pareja domiciliada en General Pinto, provincia de Buenos Aires, representantes de la firma San Pablo Oeste SA. Ambos fueron formalizados por el delito de estafa, permanecieron tres meses bajo prisión domiciliaria en General Pico y actualmente se encuentran en libertad, aunque sujetos a medidas restrictivas.
A partir de la investigación judicial, se logró reconstruir el recorrido de la hacienda tras el presunto fraude. De acuerdo con el expediente, luego del desapoderamiento los animales fueron trasladados inicialmente a un campo en la provincia de Buenos Aires administrado por la firma denunciada. Posteriormente, a mediados de 2025, la hacienda fue movida de manera considerada “sospechosa” al establecimiento rural de ganadería denominado “Carlos Tercero”, ubicado en la localidad cordobesa de Chaján, en el sur provincial.
Ese predio funciona como feedlot y es administrado por la empresa Agropecuaria La Madera SA, vinculada al productor y feriero ganadero Carlos J. Lanser. Para la Fiscalía pampeana, existen indicios de que el establecimiento habría sido utilizado para resguardar los animales, engordarlos y luego comercializarlos, lo que habría permitido obtener ganancias a partir de bienes presuntamente obtenidos de manera fraudulenta. Los investigadores sostienen que, de no haberse concretado el operativo, los vacunos habrían sido vendidos en los días siguientes.
Con órdenes judiciales emitidas por la Justicia de La Pampa, los días 16 y 17 del corriente mes se realizaron allanamientos en la zona rural de Chaján. Como resultado, se secuestraron 1.060 animales, entre vacas, vaquillonas preñadas y toros. Por disposición judicial, la hacienda recuperada fue entregada a la empresa damnificada en carácter de depositario judicial y trasladada a un campo de la firma en Fortuna, provincia de San Luis, donde quedó bajo resguardo.
Desde la Fiscalía destacaron la celeridad y el profesionalismo del procedimiento, aunque señalaron que durante el operativo se registraron resistencias, agresiones verbales y físicas por parte del propietario del campo y de algunos puesteros.
La Policía de Córdoba confirmó el operativo a través de sus canales oficiales, precisando que los animales recuperados —mayoritariamente Aberdeen Angus— estaban valuados en más de $2.000 millones y que los allanamientos estuvieron a cargo de la Departamental Río Cuarto junto con la Patrulla Rural.
En el plano judicial, la Fiscalía pampeana confirmó que se evalúa convocar a declarar como imputado por encubrimiento a Lanser en los próximos días. En respuesta, el productor negó cualquier participación en la maniobra y aseguró que la hacienda fue adquirida de manera legítima, con documentación comercial y sanitaria respaldatoria.
El caso vuelve a poner en foco la vulnerabilidad del mercado ganadero frente a maniobras fraudulentas, la importancia de los controles comerciales y sanitarios, y el rol clave de la articulación judicial y policial entre provincias para proteger el patrimonio de los productores.
