Entre Ríos: declaran la emergencia agropecuaria por daños de granizo y heladas
El Ministerio de Economía oficializó la emergencia y/o desastre agropecuario en varias zonas de la provincia de Entre Ríos, tras los graves daños ocasionados por fenómenos climáticos adversos como granizo y heladas. La medida, publicada mediante las Resoluciones 1502 y 1503/2025, alcanza a producciones de soja, horticultura, nuez pecán y citrus, y habilita a los productores a acceder a beneficios fiscales y financieros en el marco de la Ley 26.509.
De esta manera, el Gobierno nacional busca mitigar el impacto económico en sectores clave del agro de Entre Ríos, que vienen arrastrando pérdidas productivas y complicaciones financieras. La decisión se tomó luego de la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó la situación provincial y avaló la necesidad de asistencia extraordinaria.
Alcance de la Resolución 1503/2025
La Resolución 1503/2025 declaró en emergencia las explotaciones de soja en el distrito Rincón de Nogoyá (departamento Victoria) de Entre Ríos y las de horticultura en el distrito Primero (departamento Colón). En ambos casos, el período de emergencia se extiende desde el 1° de marzo hasta el 30 de agosto de 2025.
Asimismo, la norma incluye a la producción de nuez pecán en Colón, fuertemente golpeada por granizadas en los últimos meses. Para este cultivo, la emergencia regirá desde el 1° de marzo de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, abarcando un ciclo completo, dada la magnitud de los daños registrados.
Citrus afectados por heladas
Por otro lado, la Resolución 1502/2025 declaró la emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones citrícolas en los departamentos de Federación y Concordia, que sufrieron heladas intensas entre el 30 de junio y el 4 de julio de 2025.
El período de emergencia para este sector de Entre Ríos se extenderá desde el 4 de julio de 2025 hasta el 15 de julio de 2026, fecha fijada como cierre del ciclo productivo. En este caso, la medida busca compensar el fuerte impacto que tuvo la ola polar en una de las economías regionales más relevantes de la provincia, con gran importancia en exportaciones y generación de empleo.
Certificados y requisitos para acceder a los beneficios
Los productores alcanzados por la medida deberán gestionar un certificado ante la autoridad provincial, que acredite la inclusión de sus predios en las áreas declaradas en emergencia. Este trámite será indispensable para acceder a los beneficios impositivos y crediticios contemplados en la Ley 26.509.
Con la acreditación correspondiente, las entidades bancarias oficiales estarán obligadas a implementar líneas de alivio financiero, como prórrogas en vencimientos de créditos o acceso a préstamos con tasas subsidiadas. En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aplicar mecanismos de postergación o exención impositiva, según corresponda, para acompañar la recuperación productiva en Entre Ríos.
Instrucciones a Agricultura y nuevas acciones
Las resoluciones, firmadas por el ministro Luis Caputo, también instruyen a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a celebrar convenios y acciones específicas con las provincias afectadas. El objetivo es articular medidas de acompañamiento técnico y financiero que refuercen el alcance de la emergencia.
En este marco, se espera que Nación y provincia trabajen en conjunto en programas de asistencia directa, asesoramiento técnico y líneas de financiamiento especiales, a fin de sostener a los productores durante la etapa de recomposición de las explotaciones.
Una respuesta ante fenómenos extremos
Con estas disposiciones, el Gobierno busca responder a dos fenómenos extremos que impactaron fuertemente en Entre Ríos: el granizo, que dañó cultivos de soja, horticultura y nuez pecán, y las heladas, que afectaron con dureza a la citricultura en Federación y Concordia.
Entre Ríos es una provincia de gran diversidad productiva, y la afectación de estas cadenas no solo golpea a los productores, sino también al entramado económico regional que depende de ellas. La asistencia fiscal y financiera, en este sentido, aparece como una herramienta clave para evitar un deterioro mayor en la rentabilidad y en el empleo rural.
