El Gobierno homologa la emergencia agropecuaria en Buenos Aires, Santa Fe y Rio Negro
A través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró a nivel nacional el estado de emergencia agropecuaria en distintas zonas productivas afectadas por inundaciones, sequía y fenómenos climáticos extremos. Además, se dispusieron prórrogas para regiones que ya se encontraban bajo ese régimen.
Las recomendaciones surgieron de la última reunión de la CNEyDA, realizada el 21 de enero, donde se llevó a cabo un análisis técnico de los daños provocados por los eventos climáticos y su impacto en la producción agropecuaria. Del encuentro participaron representantes de organismos nacionales, entidades financieras y referentes de las principales organizaciones rurales.
Entre los organismos presentes estuvieron el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Banco de la Nación Argentina, el Banco Central de la República Argentina y delegados de entidades como CRA, FAA, SRA, CONINAGRO, CAME y FONAF, junto a representantes provinciales.
Emergencia por inundaciones en Buenos Aires
Mediante la Resolución 216/2026, el Gobierno nacional declaró y prorrogó la emergencia agropecuaria en distintos partidos bonaerenses afectados por inundaciones. Las medidas convalidan una serie de decretos provinciales dictados a fines de 2025 y comienzos de 2026.
Entre ellos, se validó el Decreto 3156, que declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en zonas de Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, para el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. También se convalidó el Decreto 3157, que incluyó áreas de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, con vigencia entre el 1º de noviembre de 2025 y el 30 de abril de 2026.
Asimismo, se prorrogó la emergencia agropecuaria en zonas de Hipólito Yrigoyen, General Viamonte, Junín, Roque Pérez y Monte; en Roque Pérez; en General Alvear, Las Flores y Chacabuco; y en Coronel Suárez y Guaminí. En todos los casos, las prórrogas buscan sostener los beneficios fiscales y crediticios para los productores afectados por el exceso hídrico.
Santa Fe: continuidad por sequía
En el caso de Santa Fe, la Resolución 218/2026 prorrogó hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía. La medida convalida el Decreto Provincial 3184, que extendió el beneficio para zonas del departamento 9 de Julio.
Los distritos alcanzados son Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore. La prolongada falta de lluvias generó pérdidas productivas significativas, afectando tanto a la agricultura como a la ganadería en el norte santafesino.
La prórroga de la emergencia agropecuaria permitirá a los productores acceder a herramientas de alivio, como prórrogas impositivas y facilidades crediticias, mientras se monitorea la evolución climática en la región.
Río Negro: un año por heladas y granizo
Por su parte, la Resolución 217/2026 declaró la emergencia agropecuaria en distintas zonas productivas de Río Negro hasta el 1º de enero de 2027. La decisión convalida el Decreto Provincial 1127, que estableció el estado de emergencia y/o desastre por heladas primaverales tardías, tormentas de granizo y lluvias intensas.
La medida abarca los departamentos General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy. Los fenómenos climáticos impactaron especialmente en economías regionales vinculadas a la fruticultura y otras producciones intensivas, con daños en cultivos y pérdidas de rendimiento.
El régimen tendrá vigencia desde el 2 de enero de 2026 por el término de un año, permitiendo a los productores encuadrarse en los beneficios previstos por la Ley de Emergencia Agropecuaria.
Con estas decisiones, el Gobierno nacional ratificó las declaraciones provinciales y extendió el alcance de la emergencia agropecuaria. Las homologaciones son clave para que los productores puedan acceder a herramientas fiscales, crediticias y financieras previstas por la normativa vigente, en un contexto donde los eventos climáticos extremos continúan condicionando la producción agropecuaria en distintas regiones del país.
