Inundaciones: se extiende la emergencia agropecuaria en el sudoeste bonaerense
La persistencia de los efectos del exceso hídrico llevó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a prorrogar la emergencia y/o desastre agropecuario en zonas rurales de Coronel Suárez y Guaminí. La decisión apunta a sostener el acompañamiento a los productores que continúan enfrentando serias dificultades productivas tras las inundaciones registradas durante 2025.
La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 1/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial. Se trata del primer decreto rubricado por el mandatario bonaerense en 2026, lo que subraya la prioridad otorgada a la situación del sector agropecuario en el sudoeste provincial.
Alcance territorial y período de vigencia
La prórroga de la emergencia agropecuaria tendrá vigencia desde el 1° de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, y alcanza a las mismas zonas que ya habían sido incluidas en la declaración original establecida por el Decreto N°1180/25. De esta manera, el Ejecutivo provincial ratifica que los efectos de las inundaciones aún no han sido superados.
En el partido de Coronel Suárez, la medida comprende las circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV, mientras que en Guaminí se extiende a las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX. Estas áreas continúan registrando afectaciones significativas en los sistemas productivos, tanto agrícolas como ganaderos, a raíz del anegamiento prolongado de los campos.
Fundamentos técnicos de la decisión
Según se detalla en los considerandos del decreto, la prórroga se sustenta en la persistencia de un fenómeno climático adverso de carácter extraordinario, que sigue impactando de manera directa sobre la capacidad productiva de los establecimientos rurales. El exceso hídrico, lejos de disiparse, mantiene su influencia negativa en vastas zonas del sudoeste bonaerense.
Informes técnicos oficiales, relevamientos a campo e imágenes satelitales fueron determinantes para confirmar que los daños provocados por las inundaciones no han sido revertidos. En muchos casos, la saturación de los suelos impide la normal implantación de cultivos y complica la recuperación de las pasturas, afectando la planificación productiva y la rentabilidad de los productores.
Beneficios impositivos y asistencia financiera
La normativa contempla una serie de beneficios impositivos y financieros destinados a los productores alcanzados por la emergencia. Entre ellos se incluyen exenciones totales o parciales del Impuesto Inmobiliario Rural, que se aplicarán según el nivel de afectación de cada explotación, previa evaluación de los organismos competentes.
Asimismo, los productores podrán acceder a líneas de asistencia crediticia previstas en la Ley N°10.390, con la intervención del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Estas herramientas buscan facilitar la continuidad de las actividades productivas, permitir la recomposición del capital de trabajo y amortiguar el impacto económico provocado por las pérdidas derivadas de las inundaciones.
Un contexto climático que sigue condicionando la producción
La prórroga de la emergencia agropecuaria a causa de las inundaciones se enmarca en un contexto de condiciones climáticas adversas persistentes en el sudoeste de la provincia. Las lluvias extraordinarias registradas durante 2025, sumadas a problemas de escurrimiento, generaron un escenario complejo que aún limita la recuperación de la producción agropecuaria.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida forma parte de una estrategia integral de acompañamiento al sector, clave para la economía regional. Mientras las condiciones ambientales continúan condicionando la actividad, la extensión de la emergencia busca brindar alivio, previsibilidad y respaldo institucional a los productores que todavía enfrentan las consecuencias de uno de los eventos climáticos más severos de los últimos años.
En este escenario, la continuidad de la emergencia agropecuaria aparece como una herramienta clave para sostener a los productores afectados por las inundaciones y evitar un mayor deterioro del entramado productivo regional. Mientras se monitorea la evolución de las condiciones climáticas y el comportamiento hídrico de los suelos, el desafío será avanzar en medidas de mediano y largo plazo que permitan fortalecer la infraestructura rural y reducir la vulnerabilidad frente a eventos extremos
