El INTA en transformación: cierre de agencias, fusión con el INTI y alerta gremial
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo clave en el desarrollo tecnológico del agro argentino, enfrenta una profunda reestructuración impulsada por el gobierno de Javier Milei. Las medidas incluyen el cierre de agencias, reducción de estructuras operativas, y una posible fusión con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para conformar un nuevo ente: el Instituto Nacional de Convergencia Tecnológica y Desarrollo Estratégico (INCyTDE).
La iniciativa, que forma parte del plan de “modernización” del Estado impulsado por la actual gestión, ha generado fuerte rechazo en el interior del INTA, preocupación en el ámbito agropecuario y alerta gremial por las consecuencias laborales y estructurales que podría implicar.
Cierre de agencias y reducción territorial
La reestructuración quedó formalizada a través de la Resolución 131/25, que creó la Secretaría de Coordinación Técnica Administrativa, un órgano que centralizará funciones clave como recursos humanos, finanzas, sistemas, legales y comunicación, que anteriormente estaban descentralizadas en diferentes dependencias.
Uno de los puntos más controvertidos fue el aval del Consejo Directivo al cierre de 41 Agencias de Extensión Rural y de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA). Esta medida implica una reducción del 14% de la red territorial del organismo, lo que afectará directamente el acompañamiento técnico a los productores, en especial a pequeños y medianos del interior del país, que dependen del INTA para recibir asistencia técnica y transferencia de tecnología.
Temores por despidos, pérdida de funciones y privatización
Desde los gremios internos y el sector científico, las críticas no se hicieron esperar. Las organizaciones denuncian una pérdida de autonomía técnica y aseguran que las decisiones comenzarán a estar más concentradas en el Consejo Directivo, cuya composición es mayoritariamente política. Temen que esta concentración erosione la histórica independencia del INTA en materia de investigación y desarrollo agropecuario.
Además, se estima que entre 1.000 y 1.500 trabajadores podrían ser despedidos como parte de este proceso de ajuste, lo que se sumaría a un escenario ya cargado de incertidumbre para el personal del organismo. A esto se suma el temor por una posible privatización de servicios esenciales y la eventual venta de tierras productivas o experimentales que el instituto posee en varias provincias del país.
Una fusión en la mira: ¿oportunidad o riesgo?
Uno de los ejes centrales de la transformación es la proyectada fusión entre el INTA y el INTI, que busca dar origen al INCyTDE, una entidad que agruparía funciones vinculadas al desarrollo estratégico, la ciencia aplicada y la tecnología productiva.
Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es eliminar superposiciones, optimizar recursos y lograr una mayor articulación tecnológica entre los organismos del Estado. Aseguran también que esta reconfiguración permitiría avanzar hacia un modelo más eficiente de gestión del conocimiento.
Sin embargo, aún no se ha presentado un plan detallado de cómo se implementaría esta fusión ni cómo se preservarán las funciones específicas de cada organismo. La falta de claridad ha generado aún más incertidumbre entre los trabajadores, investigadores y actores del sistema agroindustrial, que ven con preocupación una posible pérdida de capacidades y saberes acumulados a lo largo de décadas.
Un futuro incierto para el desarrollo agroindustrial del INTA
Históricamente, el INTA ha sido una herramienta clave en el desarrollo tecnológico y la innovación en el campo argentino, con presencia en todo el territorio nacional, programas de formación, investigación aplicada y extensión rural. Su rol ha sido central para sostener la competitividad del agro, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.
Hoy, con el recorte de su red territorial y la amenaza de una fusión no consensuada, el futuro del organismo está en debate. Mientras el Gobierno defiende su plan de racionalización del Estado, trabajadores, productores y referentes del sistema científico alertan por el riesgo de desmantelar una institución estratégica para el desarrollo federal, sustentable y soberano del agro argentino.
