Dos años de superávit fiscal: cómo impacta en el agro argentino
El segundo año de la gestión de Javier Milei volvió a cerrar con superávit fiscal primario y consolidó un cambio de rumbo inédito en la macroeconomía argentina. Aun tras la eliminación del impuesto PAIS —que implicó una pérdida cercana a un punto del PBI— el equilibrio de las cuentas públicas se sostuvo gracias a un ajuste histórico del gasto nacional, que se redujo en 5,4 puntos del producto desde el inicio de la administración. Este reordenamiento, analizado en el Informe Macroeconómico CREA N°336, tuvo efectos directos e indirectos sobre el sector agropecuario, uno de los principales motores de la economía real.
El campo frente al escenario de superávit fiscal
Desde el punto de vista macro, el orden fiscal representa una señal positiva largamente demandada por el agro: menor emisión, menor presión inflacionaria y un marco de mayor previsibilidad para planificar inversiones. Sin embargo, el camino elegido para alcanzar ese equilibrio no fue neutro para el interior productivo. Los recortes se concentraron en infraestructura, subsidios, transferencias a provincias y gasto salarial, áreas que inciden de manera directa en la competitividad sistémica del campo.
La fuerte reducción de la obra pública impactó especialmente en caminos rurales, accesos a puertos, obras hídricas y mantenimiento de rutas secundarias. Para el productor agropecuario, esto se traduce en mayores costos logísticos, pérdidas de eficiencia y mayores riesgos operativos, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos. En la ganadería, donde el traslado de hacienda y la logística tienen un peso clave en los márgenes, esta variable adquiere aún mayor relevancia.
Al mismo tiempo, el recorte de transferencias a las provincias obligó a muchos gobiernos subnacionales a ajustar sus propios presupuestos o a trasladar parte de la carga vía tasas y tributos locales. En varios distritos, esto derivó en mayores costos indirectos para el productor, que debió absorber incrementos en impuestos inmobiliarios rurales o en servicios básicos.
No obstante, el orden macro también generó beneficios. La baja de la inflación y la reducción de la incertidumbre cambiaria comenzaron a reflejarse en una mayor estabilidad de precios relativos y en una mejora de las condiciones de financiamiento. Para el agro, acostumbrado a operar en escenarios volátiles, este nuevo contexto permite proyectar decisiones de mediano y largo plazo con mayor claridad, algo fundamental en actividades como la ganadería, donde los ciclos productivos son extensos.
El balance del ajuste, entonces, muestra claroscuros. El superávit fiscal aparece como una condición necesaria para el desarrollo, pero no suficiente por sí sola. El desafío hacia adelante será sostener el orden macro sin deteriorar la infraestructura y los servicios que sostienen la competitividad del agro. La transición desde el ajuste hacia una etapa de crecimiento será clave para definir si este nuevo equilibrio se traduce en una mejora estructural para el sector productivo.
