Dólares del colchón 2026: los puntos centrales de la Ley de Inocencia Fiscal
En un nueva medida que impacta en el dólar, el Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, una de las apuestas más fuertes de la administración de Javier Milei para modificar el vínculo entre el fisco y los contribuyentes y, al mismo tiempo, incentivar la declaración de dólares que hoy permanecen fuera del sistema formal.
Con la publicación del decreto reglamentario, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra en vigencia y habilita un cambio profundo en la lógica de control tributario. La premisa oficial es clara: menos persecución patrimonial, pero mayor exigencia sobre lo que efectivamente se factura ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La normativa introduce modificaciones tanto en el Régimen Penal Tributario como en el Código Civil y Comercial, y propone una suerte de “pacto” con el contribuyente. Quienes se encuadren dentro del nuevo esquema obtendrán un blindaje frente a futuras revisiones sobre su evolución patrimonial, siempre que cumplan estrictamente con la declaración de ingresos de dólar.
La medida apunta directamente a generar confianza en sectores que históricamente se mantuvieron al margen por temor a inspecciones retroactivas respecto al dólar. En la Casa Rosada confían en que esa garantía jurídica acelere la exteriorización de ahorros y contribuya a fortalecer reservas, consumo e inversión.
El corazón del nuevo sistema
El cambio más relevante es la creación del Régimen simplificado de Ganancias, destinado a contribuyentes con patrimonios de hasta $10.000 millones.
A partir de ahora, quienes adhieran quedarán protegidos frente a fiscalizaciones vinculadas a aumentos de bienes personales o niveles de consumo. ARCA concentrará su mirada exclusivamente en los ingresos facturados.
En términos prácticos, el Estado resigna la posibilidad de presumir evasión por diferencias patrimoniales. El impuesto se determinará únicamente por lo declarado en materia de facturación.
La reglamentación también establece un punto clave: el efecto liberatorio. El artículo 39 fija que el pago en término de la declaración propuesta por el organismo recaudador libera al contribuyente de reclamos posteriores, salvo que se pruebe la omisión de ingresos facturados. Es decir, si lo declarado está correcto, el capítulo queda cerrado.
Delitos más lejanos
Otro de los aspectos centrales de la ley es la fuerte actualización de los montos mínimos a partir de los cuales una irregularidad puede convertirse en delito penal.
Los nuevos umbrales marcan un salto significativo:
- Evasión simple: pasa de $1.500.000 a $100.000.000.
- Evasión agravada: se eleva de $15.000.000 a $1.000.000.000.
Además, el plazo de prescripción baja de cinco a tres años, reduciendo el tiempo durante el cual el contribuyente puede quedar expuesto a investigaciones.
Desde el punto de vista del Ejecutivo, la actualización corrige cifras que habían quedado desfasadas por la inflación y evita que incumplimientos de menor magnitud terminen judicializados.
Cómo se extinguen las causas
La reglamentación incorpora también herramientas para quienes mantienen deudas abiertas con el fisco. ARCA no impulsará acciones penales si el contribuyente cancela la obligación junto con los intereses. Sin embargo, el beneficio tendrá carácter único: solo podrá utilizarse una vez.
En los casos donde todavía no exista denuncia formal, será posible cerrar el problema mediante el pago del monto adeudado más un recargo del 50%, siempre dentro de los 30 días posteriores a la notificación.
El esquema combina así una señal de alivio con otra de disciplina. Porque mientras se reducen controles sobre el patrimonio, aumentan de manera considerable las multas para quienes presenten declaraciones fuera de término.
El objetivo político y económico
La Ley de Inocencia Fiscal se inscribe dentro de una estrategia más amplia del Gobierno, que busca impulsar la remonetización de la economía y atraer capitales y dólares al circuito formal.
La apuesta es que, con reglas claras y menor riesgo de litigiosidad futura, los contribuyentes se animen a declarar fondos hasta ahora guardados en efectivo o fuera del sistema financiero.
En otras palabras, la administración Milei intenta reemplazar el paradigma de sospecha permanente por uno de cumplimiento verificable: si se factura y se paga, no habrá preguntas sobre el pasado ni sobre el crecimiento del patrimonio. El éxito de la medida dependerá ahora de la respuesta del mercado. Pero desde este lunes, el nuevo marco legal ya está en marcha.
