Desburocratización de ganadería: el Gobierno eliminó 28 normas para modernizar la cadena
En una nueva etapa del proceso de simplificación normativa para la ganadería que impulsa el Gobierno nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca resolvió derogar 28 normas que regulaban distintos aspectos del funcionamiento de la cadena cárnica, muchas de ellas dictadas por organismos ya inexistentes como la Junta Nacional de Carnes (JNC) y la ex ONCCA.
La medida para la ganadería fue formalizada a través de la Resolución N° 119/2025, publicada en el Boletín Oficial, y busca “dar previsibilidad al sector agroindustrial argentino”, según explicó la cartera que conduce Sergio Iraeta.
La decisión se enmarca dentro de una política más amplia de “desburocratización” estatal, orientada a reducir trabas regulatorias, eliminar requisitos obsoletos y facilitar el desenvolvimiento del sector productivo. En este caso, las normas derogadas databan de entre 1978 y 2011, y muchas de ellas ya no eran aplicadas en la práctica ni tenían seguimiento por parte del Estado.
Adiós a la herencia de la Junta Nacional de Carnes
Del total de disposiciones eliminadas sobre la ganadería, 20 fueron dictadas por la extinta Junta Nacional de Carnes, organismo que funcionó entre 1958 y 1991 y que durante décadas tuvo una fuerte injerencia sobre el comercio, la faena y la exportación de carne. Las otras ocho provenían de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que operó entre 2001 y 2011 y también dejó un extenso cuerpo normativo.
Según Agricultura, se trata de normas que “ya no respondían al funcionamiento actual de la industria de ganadería”, y cuya vigencia nominal generaba confusión entre operadores del sector e incluso dentro del propio Estado. En muchos casos, los marcos regulatorios estaban basados en tecnologías superadas o esquemas de control que han sido reemplazados por sistemas digitales y automatizados.
“Muchas de estas normativas fueron dictadas en contextos muy diferentes al actual y hoy representan un obstáculo para la competitividad y el desarrollo del sector”, afirmaron desde la Secretaría.
Un paso más en la modernización
Esta derogación se suma a otras iniciativas recientes adoptadas por el Gobierno para agilizar la operatoria de los actores de la cadena cárnica. Entre ellas, se destaca la eliminación del régimen de precios de referencia para la hacienda en pie, la supresión del esquema obligatorio de horarios de faena y la quita de aranceles y requisitos innecesarios para los exportadores de ganadería.
En todos los casos, el objetivo es el mismo: reducir la carga burocrática, mejorar la eficiencia del sistema y consolidar un marco regulatorio más transparente, accesible y alineado con las necesidades de la industria actual.
“El objetivo es que todos los operadores de la cadena cárnica cuenten con una base única de reglas claras, que les permita trabajar con previsibilidad y potenciar la inversión y el desarrollo de una industria más moderna y competitiva”, señalaron desde Agricultura.
El trasfondo político y económico
La medida también responde a un contexto político en el que el Ejecutivo busca mostrar señales concretas de apoyo al sector productivo, especialmente en rubros estratégicos como la ganadería y la agroindustria. En un país donde la carga regulatoria muchas veces ha sido motivo de queja entre los productores, estas acciones son leídas como gestos hacia un modelo más abierto, simplificado y orientado al mercado.
La decisión, sin embargo, no está exenta de desafíos. En sectores donde históricamente el Estado tuvo un rol fuerte en el control de la producción y el comercio, la desregulación exige también fortalecer los mecanismos de fiscalización modernos y garantizar que la transparencia y la trazabilidad no se vean afectadas.
Para los actores de la cadena cárnica, el impacto inmediato es la reducción de requisitos formales que ya no aportaban valor, pero el efecto de mayor largo plazo será la posibilidad de operar en un entorno normativo más coherente, con menos superposición y mayor agilidad administrativa.
Con esta resolución, el Gobierno continúa avanzando en su estrategia de “limpiar” el entramado legal y normativo que, en muchos casos, aún arrastraba las lógicas y estructuras del siglo pasado.
