Fuerte cruce entre la AFA y la IGJ por balances, controles y acusaciones públicas
La disputa entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) sumó un nuevo capítulo tras la respuesta formal del organismo presidido por Claudio “Chiqui” Tapia a la intimación emitida por el ente de control. En un comunicado extenso, la AFA rechazó las críticas del Gobierno, cuestionó el accionar del inspector general Daniel Roque Vítolo y negó de manera tajante cualquier incumplimiento administrativo o intento de eludir controles estatales.
El conflicto gira en torno a la supervisión de los balances de la AFA y de la Liga Profesional de Fútbol, y pone en el centro del debate la transparencia en el manejo de fondos del fútbol argentino. Desde la IGJ sostienen que existen partidas globales sin el debido desglose que superan los 450 millones de dólares, acumuladas a lo largo de los últimos ocho años.
El reclamo del organismo de control
Según la posición oficial de la IGJ, las observaciones contables no fueron debidamente respondidas por la AFA, pese a reiterados requerimientos. Vítolo aseguró que el organismo busca explicaciones técnicas sobre rubros financieros de gran magnitud y cuestionó la falta de detalle en los estados contables.
Además, el inspector remarcó la necesidad de garantizar la trazabilidad de los fondos y el cumplimiento de normas de prevención de lavado de dinero, y dejó abierta la posibilidad de avanzar con medidas adicionales si no hay respuestas satisfactorias.
La defensa de la AFA y el descargo formal
Desde la AFA, la respuesta fue contundente. La entidad presentó un descargo respecto de los ejercicios contables entre 2017 y 2023, y sostuvo que todos los balances exigidos fueron presentados en tiempo y forma, sin incumplimientos.
Según el comunicado, solo una observación fue notificada conforme a la normativa vigente, y fue contestada de inmediato. Además, la AFA aseguró que obtuvo regularmente certificados de vigencia y domicilio emitidos por la propia IGJ, que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones legales.
El cambio de jurisdicción, otro foco de conflicto
Uno de los puntos más controvertidos es el cambio de jurisdicción de la AFA, que pasó de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires. Desde la entidad sostienen que el trámite se realizó de manera regular y bajo supervisión oficial.
En ese sentido, la AFA negó que el traslado haya tenido como objetivo evitar controles estatales. “Es falso que la AFA se escapó”, remarcaron, y señalaron que cuestionar ese proceso carece de sustento legal.
Advertencias, plazos y posibles sanciones
Pese a la respuesta de la AFA, la IGJ mantiene su postura. Vítolo advirtió que, si no hay explicaciones satisfactorias antes del 20 de enero de 2026, propondrá al Ministerio de Justicia la designación de un veedor contable.
El inspector llegó incluso a comparar el caso con el escándalo del FIFA Gate, señalando que, de comprobarse irregularidades, el volumen de dinero involucrado podría ser superior al del caso internacional, aunque aclaró que las responsabilidades serían individuales y no institucionales.
Un conflicto con derivaciones políticas y judiciales
Desde la AFA rechazan la necesidad de medidas extraordinarias y sostienen que los controles deben ejercerse respetando el debido proceso legal. Denuncian presión mediática, aseguran que muchas observaciones nunca fueron notificadas formalmente y acusan a la IGJ de demoras administrativas prolongadas.
En paralelo, existen causas judiciales abiertas que investigan el manejo de fondos en el fútbol argentino. Sobre este punto, Claudio Tapia se refirió públicamente por primera vez y buscó llevar tranquilidad: “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”.
Mientras tanto, el cruce entre la AFA y la IGJ continúa escalando y promete nuevos capítulos, con un trasfondo que combina cuestiones técnicas, tensiones políticas y un debate profundo sobre la transparencia y gobernanza del fútbol argentino.
