Cristina Kirchner: puerte operativo en la autopista Riccheri por la marcha
Cristina Kirchner irá presa hoy. Una serie de controles especiales se desplegaron este miércoles sobre la autopista Riccheri, a la altura del Mercado Central, donde efectivos de la Policía Federal realizan operativos sobre los micros que se dirigen hacia el centro porteño con destino a la Plaza de Mayo, en el marco de la marcha convocada por sectores del peronismo en rechazo a la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La movilización, prevista para las 14:00, fue convocada luego de que el juez federal Jorge Gorini resolviera este martes concederle a la ex mandataria la prisión domiciliaria, en el marco de la causa Vialidad, donde fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Controles estrictos en los accesos
Los controles de seguridad, que se realizan sobre todo en los accesos del Conurbano Sur, apuntan a identificar a los vehículos que transportan manifestantes hacia el centro de la ciudad. Según trascendió, los efectivos revisan banderas, bombos, pancartas y otros elementos de manifestación, generando tensión entre los militantes.
Diversos testimonios recogidos en la zona dan cuenta de demoras y discusiones entre las fuerzas de seguridad y algunos choferes de colectivos que trasladan a los manifestantes. En algunos casos, se les solicitó documentación y se efectuaron registros visuales del contenido transportado en los vehículos.
Concentración en Recoleta
Simultáneamente, continúa la concentración de militantes y simpatizantes kirchneristas frente al domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Recoleta. Allí, un nutrido grupo de seguidores se mantiene en vigilia desde que se conoció el fallo del juez Gorini.
La tensión en la zona aumentó desde el momento en que se confirmó que la ex presidenta no será trasladada a los tribunales de Comodoro Py, donde debía notificarse del cumplimiento de la prisión domiciliaria. En su lugar, se le colocará una tobillera electrónica para asegurar el cumplimiento de la medida judicial, aunque su defensa ya adelantó que apelará la condena ante la Corte Suprema.
Una marcha con fuerte respaldo político
La marcha fue convocada por el Partido Justicialista, en conjunto con sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y dirigentes de distintos sectores del kirchnerismo, quienes denunciaron una “proscripción política” contra la figura de Cristina Kirchner.
Desde el PJ nacional se emitió un comunicado en el que se repudia lo que califican como una “persecución judicial sin pruebas” contra la ex mandataria, y se llamó a “defender la democracia y el derecho del pueblo a elegir libremente a sus representantes”.
El presidente del partido, el diputado nacional Máximo Kirchner, expresó en declaraciones radiales que “la condena a Cristina no es jurídica, es política, y apunta a sacarla del escenario electoral”. Además, adelantó que “la calle será el escenario donde el pueblo le exprese su apoyo”.
Una Plaza de Mayo cargada de simbolismo
La Plaza de Mayo será, una vez más, el epicentro de una manifestación de fuerte contenido político. Se espera la llegada de columnas desde distintos puntos del país, en especial de provincias gobernadas por el peronismo. También habrá presencia de legisladores, intendentes y gobernadores que han manifestado su solidaridad con la ex presidenta.
Según estimaciones preliminares, miles de personas podrían colmar la histórica plaza a lo largo de la tarde. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, montó un operativo preventivo de seguridad para garantizar el desarrollo pacífico de la protesta, aunque no se descartan cortes de tránsito y desvíos en el microcentro.
Un fallo contra Cristina Kirchner que reaviva la grieta
La decisión del juez Gorini se produce en un contexto de alta polarización política, donde la figura de Cristina Kirchner continúa siendo uno de los ejes más controversiales del escenario nacional. Mientras sectores opositores celebraron el fallo como “un avance en la lucha contra la corrupción”, el oficialismo y sus aliados lo consideran una nueva expresión del llamado “lawfare” o guerra judicial.
Con la apelación en curso y una eventual definición de la Corte Suprema aún en el horizonte, el caso Vialidad promete seguir generando repercusiones en los próximos meses. Mientras tanto, las calles vuelven a ser el escenario de una disputa que, lejos de apagarse, vuelve a encender el debate público y político en Argentina.
