Cristina Kirchner pidió arresto domiciliario sin tobillera y la fiscalía exige su detención inmediata
Tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema, Cristina Kirchner solicitó cumplir su pena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en el departamento que comparte con su hija Florencia, en la ciudad de Buenos Aires, sin la utilización de tobillera electrónica. En contraposición, la fiscalía pidió su detención inmediata y criticó el plazo otorgado para su presentación voluntaria ante la Justicia.
Cómo avanza el proceso de prisión de Cristina Kirchner
El pedido de Cristina Kirchner fue presentado este lunes ante el Tribunal Oral Federal 2 por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de la expresidenta y actual titular del Partido Justicialista. En un escrito de 13 páginas, los letrados pidieron que se le permita cumplir la condena desde su domicilio en la calle San José 1111, donde vive actualmente, evitando así pasar por una alcaidía o centro de detención intermedio.
La solicitud se ampara en varios argumentos. En primer lugar, la defensa señaló que Cristina Kirchner tiene 72 años y que su estado de salud, sumado al atentado que sufrió en septiembre de 2022, la convierte en una persona de riesgo. También hicieron hincapié en su condición de exjefa de Estado, lo que, según el escrito, implicaría condiciones de detención especiales por motivos de seguridad que, en una cárcel común, serían imposibles de garantizar sin caer en un régimen de aislamiento total.
“Dejarla presa en una cárcel común no es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona en su situación”, remarcaron los abogados. Según argumentaron, un eventual ingreso a una institución penitenciaria obligaría a imponerle un “régimen de aislamiento absoluto y vigilancia permanente”, lo cual iría en contra de los estándares constitucionales en materia de ejecución penal. En ese sentido, propusieron la detención domiciliaria sin uso de tobillera electrónica, al considerar que Cristina ya cuenta con una custodia oficial permanente que garantizaría su localización y seguridad.
A pesar del pedido de la defensa, el fiscal federal Diego Luciani —quien lideró la acusación contra Cristina Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”— y su colega Sergio Mola no dudaron en pedir su inmediata detención. Según indicaron, el plazo de cinco días hábiles otorgado por el juez Jorge Gorini para que los condenados se presenten voluntariamente en Comodoro Py resulta “excesivo”, especialmente considerando que hay un fin de semana y un feriado en el medio. Para la fiscalía, la gravedad de la condena exige que la detención se concrete cuanto antes.
En paralelo, el juez Gorini solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que identifique lugares aptos para alojar a los condenados —entre ellos Cristina Kirchner— hasta que el tribunal resuelva los planteos de sus defensas. No obstante, el magistrado no resolvió aún si accederá o no al pedido de prisión domiciliaria ni si aceptará el requerimiento fiscal de acelerar la detención.
El fallo de la Corte Suprema, que rechazó por unanimidad los recursos de la defensa de Kirchner, dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la causa que investigó irregularidades en la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos presidenciales.
Este nuevo capítulo judicial reaviva la tensión política y judicial en torno a la figura de Cristina Kirchner. Mientras su defensa busca preservar su integridad física y evitar una exposición pública que consideran innecesaria, desde la fiscalía insisten en el cumplimiento estricto del fallo judicial. La decisión final, ahora en manos del Tribunal Oral Federal 2, marcará un punto clave en uno de los procesos más trascendentes de la historia política y judicial reciente de la Argentina.
