Corrientes: alarma por una red organizada de robo de ganado
La provincia de Corrientes atraviesa un escenario de creciente preocupación en el ámbito rural. En los últimos meses, los delitos vinculados al robo de ganado dejaron de ser hechos aislados para convertirse, según los productores, en una operatoria sistemática y organizada, con impacto directo en la seguridad, la producción y la permanencia de las familias en el campo. El caso más reciente, ocurrido en la localidad de La Cruz, volvió a encender las alarmas y puso bajo la lupa el accionar judicial frente a una problemática que se repite en distintas zonas del interior provincial.
Productores y entidades rurales coinciden en que el abigeato evolucionó hacia un circuito complejo, que incluye robo, faena clandestina, traslado irregular y blanqueo de hacienda mediante documentación adulterada. En ese contexto, reclaman mayor celeridad en las investigaciones y decisiones judiciales que permitan frenar una modalidad delictiva que, aseguran, opera con altos niveles de impunidad.
Un corredor delictivo que se expande en el interior
Las localidades de Corrientes más afectadas por el robo de ganado son La Cruz, Santo Tomé y Alvear, a las que se suman San Roque, Saladas y Bompland. La situación se agrava particularmente en la franja cercana al río Uruguay, donde la proximidad con la frontera brasileña complejiza los controles y facilita la movilidad de los delincuentes.
Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), sostuvo que no se trata solo de hechos de abigeato, sino de una verdadera asociación ilícita. “Para que esto ocurra hay una estructura: alguien entra al campo, mata el animal y hay una organización detrás que se encarga del resto del circuito”, afirmó. Según el dirigente, el uso fraudulento de guías de traslado y la existencia de campos utilizados como centros de acopio ilegal confirman el carácter organizado del delito.
El caso de La Cruz y las demoras que generan tensión
El episodio que reavivó el conflicto en Corrientes se produjo cuando la Policía Rural interceptó un camión jaula que transportaba 20 animales con una guía habilitada solo para 15, además de inconsistencias en las marcas. De acuerdo con los productores, el mismo vehículo ya había sido detectado en al menos tres oportunidades previas en condiciones similares, lo que refuerza la sospecha de reiteración delictiva.
Ante esa situación, se solicitaron cinco órdenes de allanamiento para establecimientos donde se presumía que se acopiaba ganado robado. Sin embargo, solo se autorizaron dos en una primera instancia, lo que generó fuertes críticas desde el sector rural. “Cuando están dadas las condiciones, los allanamientos deben liberarse en horas. Si no, se pierden pruebas”, cuestionó Roldán, quien apuntó directamente a la falta de rapidez judicial.
La respuesta judicial y las investigaciones en marcha
El fiscal Facundo Sotelo, a cargo de la causa, explicó que se trata de uno de los pocos procedimientos recientes con resultados concretos. En el operativo fueron aprehendidos dos sospechosos —el conductor del camión y el presunto dueño de la carga— y se secuestraron tanto los animales como el vehículo utilizado. Además, confirmó que solicitará la detención preventiva y que las víctimas ya fueron identificadas para la restitución de la hacienda, una vez finalizadas las pericias.
En las últimas horas también se avanzó con allanamientos en distintos establecimientos rurales de Corrientes. En al menos tres de ellos se detectaron animales de “dudosa procedencia”, que serán secuestrados mientras se convoca a posibles damnificados. Sotelo advirtió que muchos productores podrían no haber denunciado aún los robos, dado el tamaño de los campos y la dificultad para detectar faltantes en forma inmediata.
Impacto social y reclamo del sector rural
El Foro de Seguridad Rural Argentino se sumó a las denuncias y alertó sobre el impacto social del delito rural, que estaría expulsando a pequeños y medianos productores de sus campos. “No es solo una pérdida económica: es la desaparición del productor como actor territorial”, señalaron.
Mientras las investigaciones avanzan, el mensaje del sector es claro: sin decisiones judiciales rápidas y ejemplares, el delito seguirá ganando terreno. En una provincia donde la ganadería es pilar económico y social, la escalada del abigeato amenaza no solo a la producción, sino también a la continuidad de la vida rural en amplias regiones de Corrientes.
