Córdoba abre sus cuentas: un sistema interactivo revela en qué se usa el Inmobiliario Rural
El debate sobre la presión impositiva en Argentina, especialmente dentro del sector agropecuario, suele tener dos caras: el peso de los tributos y la falta de información clara sobre su destino. En este contexto, Córdoba decidió avanzar hacia un modelo diferente. La provincia ahora permite consultar en línea, de manera interactiva, cómo y dónde se invierten los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR), uno de los tributos más sensibles para el agro.
Esta iniciativa de Córdoba surge como respuesta a un planteo recurrente del sector productivo, que desde hace años sostiene que sus aportes no siempre vuelven en forma de obras, infraestructura o servicios que mejoren la vida rural. El nuevo sistema busca reducir esa distancia entre el contribuyente y el Estado, mostrando datos concretos sobre la administración de los recursos.
El Fideicomiso que administra el 98% del IIR
Hace dos años, el Gobierno de Córdoba dio un paso inédito: aceptó una propuesta de la Mesa de Enlace cordobesa para crear un mecanismo de seguimiento y cogestión de los fondos que aporta el campo. Así nació el Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de todo lo recaudado por el Inmobiliario Rural.
Este fideicomiso tiene una particularidad que lo diferencia de otras estructuras provinciales: sus decisiones se toman de forma conjunta entre el Ministerio de Bioagroindustria y la Fundación Mesa de Enlace, una herramienta jurídica creada por las entidades rurales para poder participar formalmente en la administración.
El objetivo de este esquema de Córdoba es asegurar que los recursos vuelvan al sistema productivo, especialmente en obras vinculadas al funcionamiento de la red vial rural, infraestructura hídrica y equipamiento para mejorar la productividad y la circulación en zonas agrícolas.
Mapa interactivo para seguir obra por obra
En una nueva etapa orientada a fortalecer la transparencia, el Gobierno de Córdoba y la Mesa de Enlace desarrollaron un mapa interactivo que permite visualizar en tiempo real todas las inversiones ejecutadas con el Inmobiliario Rural.
La herramienta detalla los trabajos realizados en cada departamento cordobés e incluye tanto obras de los consorcios camineros —encargados del mantenimiento de la extensa red de caminos rurales— como intervenciones en canales, obras de conservación de suelos y adquisición de maquinaria. Cada obra aparece georreferenciada y acompañada por información sobre montos, etapas y avances.
Además, el sistema ofrece un nivel de precisión poco habitual en la administración pública: el usuario puede filtrar por tipo de obra, zona, consorcio y hasta verificar entregas de vehículos destinados a las patrullas rurales, que cumplen un rol central en la seguridad del interior provincial. Desde el agro de Córdoba aseguraron que la plataforma “permite acceder a una revisión minuciosa del flujo de recursos asignados en cada departamento, con actualizaciones constantes”, lo que habilita un seguimiento ciudadano inédito.
Inversiones, cifras y alcances del programa
Los datos consolidados del nuevo sistema dejan en evidencia la magnitud de la inversión. En lo que va del año ya se desembolsaron 76.527 millones de pesos, destinados a distintas obras de desarrollo rural.
Uno de los impactos más relevantes se observa en la red vial: se mejoraron alrededor de 57.000 kilómetros de caminos, fundamentales para la salida de la producción agropecuaria de Córdoba, el tránsito cotidiano de maquinaria y la conectividad de las comunidades rurales.
El financiamiento del FDA también se orienta a obras de infraestructura hídrica, un aspecto clave para prevenir anegamientos o erosión en zonas agrícolas. A esto se suma la incorporación de maquinaria específica para tareas de conservación y trabajos viales, destinada a los consorcios que ejecutan las obras en territorio.
Un modelo que busca acercar al Estado y al productor
La creación del FDA y la apertura del portal interactivo son parte de una estrategia más amplia: reducir la brecha de desconfianza entre el Estado y el sector agropecuario, mostrando transparencia en el uso del dinero proveniente de uno de los tributos más relevantes para la actividad.
Para el Gobierno de Córdoba y para las entidades rurales, el sistema también tiene un valor simbólico. Permite evidenciar que el aporte del campo tiene un retorno tangible, especialmente en áreas donde las obras públicas suelen demorar o no llegar.
