Tapia desafía a la IGJ y rechaza la veeduría sobre la AFA
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presidida por Claudio “Chiqui” Tapia quedó en el centro de una nueva controversia institucional luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitara al Ministerio de Justicia la designación de veedores para acceder a información contable y financiera que, según el organismo, no fue entregada pese a reiterados requerimientos. La decisión quedó plasmada en una resolución particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, en la que se mencionan “graves irregularidades”.
La reacción de la entidad que preside Tapia no se hizo esperar. A través de un extenso comunicado de siete puntos, firmado por el propio dirigente, la AFA rechazó de plano la medida. “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, sostuvo el texto en uno de sus pasajes centrales.
La “contradicción insoslayable” que plantea la AFA
En su descargo, la conducción del fútbol argentino cuestionó lo que definió como una incoherencia en la resolución de la IGJ. Según explicó, el organismo sostiene que la veeduría no implica una sanción ni una interferencia directa en la administración, sino una “medida preparatoria” destinada a recolectar información para evaluar posibles acciones futuras.
Sin embargo, la AFA remarcó que en el mismo documento se habla de “graves irregularidades”, de “millones de dólares de origen y destino desconocido” y de una “sede social falsa”. “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en graves irregularidades?”, planteó la entidad presidida por Tapia en un apartado titulado “La contradicción insoslayable”. Y agregó que, de existir faltas de tal magnitud, la IGJ debería aplicar sanciones formales como multas, intervención o cancelación de personería.
Balances, mudanza y conflicto de jurisdicción
Otro de los ejes de la respuesta estuvo centrado en la presentación de balances. La IGJ sostuvo que existen ejercicios no presentados desde hace más de ocho años, algo que la AFA calificó como falso. Según el comunicado, los balances correspondientes al período 2017-2024 fueron entregados en tiempo y forma, y actualmente se encuentran en trámite administrativo con “vistas pendientes” de contestación.
Respecto al balance 2025, la entidad que conduce Tapia explicó que no fue presentado ante la IGJ porque desde noviembre de 2024 su domicilio legal se encuentra inscripto en la provincia de Buenos Aires, tras una resolución de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. La IGJ, no obstante, cuestionó la validez de esa mudanza al señalar que la sede de Pilar sería “falsa” por la ausencia de oficinas administrativas. Para la AFA, se trata de un acto administrativo “válido y vigente” que, en caso de controversia, debería dirimirse en la Justicia y no mediante una medida unilateral.
El antecedente Bullrich y la acusación de persecución
En su comunicado, la conducción del fútbol argentino encabezada por Tapia también recordó el antecedente del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que en 2023 fue objeto de una intervención dispuesta por la IGJ. En aquel entonces, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló la medida por considerar que violaba el debido proceso.
Para la AFA, los argumentos actuales —falta de información y sospechas sobre el manejo de fondos— son similares a los que la Justicia ya desestimó en ese caso. “Lo que antes fue persecución contra una dirigente opositora, hoy es ‘control institucional’ contra el fútbol argentino”, señalaron, al advertir sobre una supuesta reiteración de la metodología.
SAD y el trasfondo político
Uno de los puntos más sensibles del comunicado firmado por Tapia refiere al contexto político. La IGJ cerró su resolución con una mención a “la nueva Argentina del presidente Javier Milei”, frase que la AFA interpretó como una señal del trasfondo de la medida. Según la entidad, la intención sería debilitar institucionalmente a la AFA para avanzar con la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), modelo al que el organismo rector del fútbol se opone.
“No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública”, sostuvo el comunicado, que vinculó la decisión con la disputa entre Nación y Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre la entidad.
La vía judicial y el mensaje final
Tapia anticipó que la AFA recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para impugnar la veeduría. “Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas”, aseguró el presidente.
El texto firmado por Tapia concluyó con un mensaje dirigido “al fútbol argentino y al pueblo”, en el que se afirma que el deporte no será “cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales”. La frase final resume la postura institucional: “El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende”.
