Menos impuestos, más oxígeno: el campo recibe un respiro fiscal tras siete años
La presión impositiva sobre el sector agropecuario volvió a ubicarse en el centro del debate económico, pero esta vez con una señal alentadora. La participación del Estado en la renta agrícola cayó al nivel más bajo de los últimos siete años, marcando un punto de inflexión tras un largo período de elevada carga de impuestos para los productores.
El dato surge del último Índice de Participación del Estado elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que refleja un descenso concreto en el peso de los impuestos luego de la baja de las retenciones anunciada en diciembre. Aunque el alivio es parcial, el indicador muestra una mejora que no pasa desapercibida en el sector.
Un índice que baja, pero sigue siendo elevado
El informe de FADA revela que el Estado se queda actualmente con el 56,3% de la renta agrícola, una caída significativa frente al 60,9% registrado en septiembre. Se trata del valor más bajo desde junio de 2018 y del segundo menor desde que comenzó a medirse la serie en 2007, un dato que marca un cambio de tendencia.
Sin embargo, el número también expone una realidad persistente: más de la mitad del resultado económico de una hectárea agrícola sigue destinándose al pago de impuestos. Desde la Fundación remarcan que la señal es positiva, pero aún insuficiente para transformar de fondo la competitividad del sector.
Cómo se reparte la renta agrícola
El Índice FADA mide cuánto queda en manos del Estado luego de cubrir todos los costos productivos. Antes de generar ingresos, el productor debe afrontar gastos como semillas, fertilizantes, labores, salarios, fletes y seguros, entre otros insumos indispensables para llegar a la cosecha.
Una vez comercializado el grano, la renta se divide en tres grandes componentes. El 27,9% corresponde al propietario de la tierra, el 15,8% queda como ganancia del productor y el 56,3% se destina a impuestos. Este reparto refleja con claridad el peso del Estado sobre la actividad agrícola, incluso en un contexto de reducción tributaria.
El rol clave de la baja de retenciones
La disminución del índice se explica, principalmente, por la reducción efectiva de los Derechos de Exportación, que modificó las alícuotas para los principales cultivos. La soja tributa ahora un 24%, el maíz un 8,5%, el trigo un 7,5% y el girasol un 4,5%, lo que alivió de forma directa la carga fiscal.
A esto se sumó una mejora en los precios internacionales de la soja y el maíz, que elevó el valor bruto de la producción y amplió la renta agrícola. Desde FADA destacan que cada punto porcentual que se reduce en impuestos tiene un impacto inmediato sobre la actividad, dinamizando inversiones, consumo y movimiento económico en el interior del país.
Proyecciones productivas con más volumen y cautela en precios
De cara a la campaña 2025/26, el informe traza un escenario productivo favorable, con mayor previsibilidad y crecimiento en volumen. Se proyecta un aumento cercano al 18% en la producción conjunta de soja, maíz, trigo y girasol, lo que equivale a unas 16 millones de toneladas adicionales.
El impulso vendría principalmente de maíz, trigo y girasol, con subas del 16%, 38% y 23%, respectivamente. La soja, en cambio, mostraría una leve retracción del 2%. En precios, el panorama es más moderado: se espera un escenario estable, sin grandes mejoras, lo que vuelve a poner el foco sobre los costos y la carga impositiva como variables decisivas para la rentabilidad.
Impuestos nacionales, provincias y brechas regionales
Del total de impuestos que paga una hectárea agrícola, el 56,5% corresponde a tributos nacionales no coparticipables, recursos que no regresan a las provincias. El 37,1% son nacionales coparticipables, el 5,7% provinciales y apenas el 0,7% municipales, una estructura que sigue generando debates sobre federalismo fiscal.
A nivel territorial, el índice muestra fuertes diferencias entre provincias. Mientras el promedio nacional se ubica en 56,3%, San Luis registra 51,4%, Santa Fe 53,5% y Córdoba 54,3%, frente a Entre Ríos, que alcanza el 60,3%. Las brechas responden a rindes, estructuras de costos e impuestos locales.
El mensaje final es claro: la baja de retenciones trajo alivio y previsibilidad, pero la mochila impositiva continúa siendo pesada. Mientras más de la mitad de la renta agrícola se destine al Estado, el desafío de producir en Argentina seguirá siendo una discusión central, campaña tras campaña.
