Córdoba aprobó una nueva ley para la gestión de caminos rurales no pavimentados
El Gobierno de Córdoba dio un paso adelante en materia de infraestructura para el campo con la sanción de una nueva ley destinada a la conservación y mejora de los caminos rurales. La norma crea el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, que reorganiza el esquema de mantenimiento de la red secundaria y terciaria de la provincia.
La iniciativa reemplaza a la histórica Ley N° 6.233, que regulaba desde hace décadas el funcionamiento de los consorcios camineros como órganos ejecutores de las obras viales con fondos provinciales. Con este nuevo marco, el Ejecutivo busca consolidar un modelo de gestión moderno, participativo y con mayor previsibilidad financiera para los caminos rurales.
Según el Ministerio de Bioagroindustria, la normativa representa “un verdadero cambio de paradigma en la manera de concebir, conservar y mejorar los caminos rurales”, al basarse en un esquema de articulación público-privada que apunta a fortalecer la producción agropecuaria y mejorar la calidad de vida en el interior provincial.
Una ley trabajada con el sector
El proyecto destinado a los caminos rurales fue impulsado por el Ejecutivo provincial tras un pedido explícito de los Consorcios Camineros y las entidades agropecuarias, quienes reclamaron esta medida al entonces candidato y actual gobernador Martín Llaryora.
Durante el proceso legislativo participaron de manera activa la Asociación de Consorcios Camineros, la Comisión de Enlace y sus entidades miembro, junto con legisladores de diferentes bloques, asesores técnicos y jurídicos. La propuesta fue trabajada durante más de un año, con mesas de diálogo y aportes de distintos sectores.
“El objetivo es conservar, proteger y mejorar los caminos rurales a través de una articulación público-privada con foco en potenciar el desarrollo del interior provincial”, destacó el Ministerio de Bioagroindustria al presentar la iniciativa.
Cómo funcionará el nuevo sistema
La flamante normativa establece que el Ministerio de Bioagroindustria será la autoridad de aplicación, en coordinación con la Asociación de Consorcios Camineros, los consorcios regionales, los consorcios de gestión de caminos y suelos, y el Consorcio Caminero Único. Todos estos actores integrarán el nuevo sistema de gestión.
El financiamiento provendrá principalmente del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que recibe el 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural. También se sumarán ingresos por obras realizadas, aportes privados, subsidios, donaciones, recursos extraordinarios y las multas aplicadas por daños en los caminos, que pasarán a engrosar el mismo fondo.
De esta manera, se consolida un esquema que ya venía funcionando con el Consorcio Caminero Único y el FDA, pero ahora bajo un marco legal más amplio y con mayor institucionalidad.
Un cambio de paradigma
El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, subrayó que la norma es fruto de un consenso político y social: “Trabajamos más de un año en este proyecto de reforma con la Mesa de Enlace, los consorcios, los legisladores del oficialismo y la oposición y técnicos. Generamos una propuesta consensuada, porque los consorcios trascienden a cualquier gobierno. Lo más importante es tener buenos caminos y una política pública construida con diálogo, respeto y visión de futuro”.
En ese sentido, destacó que la ley pone al camino rural en el centro de la política pública y reconoce su rol estratégico para el desarrollo agropecuario, industrial, turístico y social.
Impacto en la producción y las comunidades
Los caminos rurales no pavimentados cumplen un rol central en Córdoba: permiten el traslado de la producción agropecuaria, la circulación de transportes escolares, la llegada de ambulancias y el acceso de miles de familias que viven en zonas alejadas de los centros urbanos.
Una red vial deficiente genera costos logísticos más altos, mayores tiempos de traslado y situaciones de aislamiento durante las lluvias. Con este sistema integral, el Gobierno provincial busca dar respuestas más rápidas y sostenidas a una problemática histórica.
Desde el sector productivo, las entidades rurales valoraron el paso dado. “Es un reconocimiento al trabajo de los consorcios y una apuesta a futuro para que Córdoba siga siendo competitiva en su producción”, señalaron desde la Asociación de Consorcios Camineros.
