La Justicia frena cambios en el INV y sostiene un certificado clave para la vendimia
La Justicia federal de Mendoza asestó un golpe significativo a la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional en el sector vitivinícola. En un fallo celebrado por productores y entidades del sector, el Juzgado Federal Nº 2 resolvió suspender de manera provisoria las modificaciones al Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y a la Declaración Jurada Anual de Elaboración del INV, manteniendo su obligatoriedad durante la vendimia 2026. La medida cautelar representa un alivio para la industria, en plena antesala de una nueva cosecha.
La decisión judicial se da en medio de una fuerte polémica entre el sector viñatero y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había cuestionado duramente a las asociaciones, comparándolas con la conducción del fútbol argentino. Para los productores, el fallo marca un punto de inflexión y devuelve previsibilidad en un momento clave del calendario productivo.
Una cautelar que frena los cambios del INV
La resolución judicial surge a partir de un recurso de amparo presentado por la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Viñateros de Mendoza, Acovi y la Cámara de Productores Agrícolas, quienes impugnaron la Resolución 37/2025 del INV. El juez dio lugar a la medida cautelar y ordenó mantener vigentes el CIU y el formulario CEC 05, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Según el fallo, a partir del 1° de enero regirán las modificaciones del Digesto Vitivinícola, excepto aquellas referidas al CIU y las declaraciones juradas, que quedan en pausa durante cinco meses. En ese período, la Justicia analizará si la eliminación de estos instrumentos resulta ilegítima y si podría generar un perjuicio grave e irreparable para el sector.
El juzgado entendió que se trata de un reclamo legítimo, al considerar que están en juego derechos de incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos, lo que refuerza el alcance institucional de la medida.
El reclamo del sector viñatero
Desde las asociaciones impulsoras del amparo sostienen que el CIU no es un simple trámite administrativo del INV, sino una herramienta central para proteger al productor primario. Argumentan que este certificado funciona como un documento bilateral esencial, que acredita cantidad y calidad de la uva entregada, y resguarda derechos patrimoniales en un contexto de marcada asimetría contractual con las bodegas.
En el escrito judicial, las entidades señalaron que la eliminación del CIU vulnera normas clave como la Ley General de Vinos, la Ley de Contrato de Maquila y la Ley de Contratista de Viñas. Además, advirtieron que reemplazarlo por declaraciones unilaterales del elaborador o por el Documento de Tránsito Vegetal implica perder controles y trazabilidad.
Otro punto sensible es el impacto en la formalización laboral. Según los productores, la modificación afecta la determinación de la tarifa sustitutiva prevista en la Ley de Corresponsabilidad Gremial, lo que podría perjudicar el empleo rural y la seguridad social, transformando una decisión administrativa en un problema de interés público.
La postura del INV y la respuesta política
Por su parte, el INV defendió la Resolución 37/2025, argumentando que responde a una política de modernización, desburocratización y eficiencia administrativa. Desde el organismo sostuvieron que el Estado no debe actuar como garante documental de relaciones contractuales privadas y que existen otras vías para acreditar la entrega de uva.
Más allá de la postura del INV, la resolución judicial generó rápidas repercusiones. Desde la Asociación de Viñateros de Mendoza, su secretario Matías Manzanares celebró el fallo y destacó que brinda claridad en un momento clave para la industria, al garantizar que la próxima cosecha se realice con reglas conocidas.
En la misma línea se expresó Acovi, que remarcó que mantener el CIU asegura la titularidad del productor, la trazabilidad y la generación de información estratégica para las políticas vitivinícolas. Desde el plano político, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, afirmó que “esta situación se podría haber evitado desde un principio” y cuestionó la falta de diálogo del Gobierno nacional con el sector.
