Consejo Agroindustrial propone cambios al RIMI para potenciar inversiones en todo el país
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentó ante el Senado de la Nación una propuesta formal para modificar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incluido en el Proyecto de Ley de Modernización Laboral. La entidad busca ampliar el acceso al régimen y evitar que sectores estratégicos del agro y la industria queden excluidos, asegurando que las inversiones productivas tengan un verdadero impacto en las economías regionales.
Según el CAA, la normativa vigente del RIMI limita la participación de empresas medianas y agroindustriales, afectando de manera directa la generación de empleo y el desarrollo de sectores con alto valor agregado para la economía nacional. La propuesta se centra en garantizar que la ley contemple la diversidad productiva del país y fomente inversiones de mayor escala sin restringir su alcance.
Sectores clave en riesgo de exclusión
Entre las actividades afectadas por la redacción actual del RIMI, el Consejo destaca a bodegas, plantas de procesamiento de alimentos y bebidas, establecimientos de semillas, frutas y legumbres, molinos y fábricas de girasol, así como a la industria de maquinaria agrícola. Estas áreas representan inversiones estratégicas, con fuerte impacto territorial y relevancia para la producción federal y las exportaciones argentinas.
El CAA advirtió que, en la práctica, el régimen excluye actualmente al 18% del Producto Bruto Interno (PBI) y al 65% de las inversiones productivas anuales del país, al limitar los beneficios a micro, pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Por ello, consideran indispensable revisar los criterios de categorización para que las inversiones medianas también puedan acceder al incentivo y contribuir al desarrollo productivo.
Propuesta de modificación del régimen
La iniciativa del Consejo apunta a modificar los artículos 175 y 177 del proyecto de ley, eliminando la restricción que limita los beneficios del RIMI a empresas del Tramo 2 categorizadas como micro, pequeñas o medianas. La idea es abrir la posibilidad a cualquier empresa agropecuaria o agroindustrial que realice inversiones significativas, independientemente de su tamaño.
Además, se propone crear una nueva categoría para empresas no incluidas como PYMEs, estableciendo un piso mínimo de inversión de 30 millones de dólares para acceder al régimen. Este mecanismo busca atraer proyectos de mayor envergadura, sin desnaturalizar el objetivo original de fomentar empleo y desarrollo local.
Consenso previo y articulación federal
El CAA destacó que estas modificaciones ya habían generado acuerdo con el Poder Ejecutivo y fueron incluidas en proyectos legislativos presentados durante 2024. Con el objetivo de fortalecer la discusión, la entidad solicitó avanzar con sesiones informativas junto a cámaras empresariales de distintas provincias, promoviendo un debate que refleje la realidad productiva y asegure un verdadero alcance federal.
Según la organización, la agroindustria representa actualmente el 58% de las exportaciones argentinas, por lo que un régimen de incentivo más inclusivo impactaría directamente en la competitividad del país, fomentando inversiones que generen empleo y consoliden el entramado productivo en distintas regiones.
RIMI: un instrumento estratégico para la inversión
El planteo del CAA pone de relieve la necesidad de que los regímenes de incentivo acompañen la dinámica productiva real del país. Según la entidad, la modificación del RIMI permitiría captar inversiones de mayor escala, fortalecer la economía regional y evitar que sectores estratégicos queden al margen de los beneficios fiscales y financieros.
En un contexto donde la agroindustria es motor clave de la economía y de la generación de empleo federal, la discusión sobre el RIMI se vuelve central para diseñar políticas públicas que impulsen la inversión privada y consoliden la competitividad del país en los mercados internacionales.
En definitiva, la propuesta del Consejo Agroindustrial busca transformar al RIMI en un instrumento inclusivo y eficaz, capaz de promover el desarrollo productivo en todo el territorio nacional y garantizar que los beneficios de la inversión lleguen a los sectores estratégicos de la economía argentina.
